RUEDO POLÍTICO. En BC la lucha contra la violencia hacia la mujer es selectiva

Por: Adán Mondragón

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 27 DE NOVIEMBRE DE 2023.- Desde su concepción la Ley tres de tres, esa que impide a los sentenciados por violencia política en razón de género, agresores sexuales, a los deudores de pensión alimenticia, ser funcionarios públicos y/o candidatos a algún puesto de elección popular, fue vista por algunos como una herramienta para neutralizar adversarios políticos.

Si no, uno no se explica cómo es que, en Baja California, se pretenda imputar al político rosaritense Fernando “N”, por los insultos que en el 2021 este personaje escupió contra la alcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo, quien competía en la reelección en Playas de Rosarito.

Este lunes, la alcaldesa rosaritense informó ante los medios de comunicación que después de dos años, la Fiscalía General del Estado (FGEBC) judicializó el expediente de denuncia que desde el 2021 se interpuso contra Fernando “N”.

Pues que no se supone que las leyes no son retroactivas, o sea, no se le puede aplicar una ley aprobada en el 2023 a este político rosaritense y conste que no se trata de defender al expanista, él tiene los medios para hacerlo; solo se trata de exhibir el uso político que le dan al tema de moda que es la “violencia política en razón de género”. Fernando “N” es funcionario estatal, si de verdad se pretendiera combatir la violencia contra la mujer, el neomorenista habría sido destituido de su cargo en el Indivi, pero no, hasta que mostró interés en participar en el proceso electoral 2024 se actuó en su contra.

Una situación similar ocurrió en julio de esta anualidad con Monserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana, quien fue víctima de un lenguaje discriminatorio por parte del legislador local del Partido del Trabajo (PT), Marco Antonio Blásquez Salinas.

Pero fue hasta hace apenas dos semanas cuando la morenista Caballero Ramírez, decidió actuar y denunciar al legislador Blásquez Salinas, Sergio Moctezuma Martínez López y el comisionado político del PT en el estado, Jaime Bonilla, por violencia política en razón de género.

Es cierto que los petistas tienen una campaña de golpeteo mediático contra la morenista Caballero Ramírez y no menos es cierto que la alcaldesa aprovechó que se acerca el proceso electoral 2024, en el que los tres petistas buscan participar, para interponer la denuncia en busca de dejarlos fuera del juego electoral.

Y ya que andamos en el tema de la violencia política contra las féminas y en el marco del día internacional para erradicar la violencia contra la mujer (se conmemora el 25 de noviembre), hace un par de semanas en el Congreso local se vivió uno de los momentos más bochornosos en este tema.

La XXIV Legislatura está conformada por 14 mujeres y 11 varones, bueno pues ni una sola de las diputadas cuestionó la modificación al decreto de endeudamiento por 3 mil 500 millones. Los 500 millones que serían destinados a obras con perspectiva de género, fueron reorientados a otras necesidades.

Es más, callaron como momias AMLO dixit cuando el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, en la glosa del segundo informe les dijo que en el Centro de Justicia para la Mujer (Cejum) de San Quintín se han invertido 25 millones de pesos en obra y con recursos federales; cuando supuestamente destinarían 150 millones de pesos de los 500 millones que el congreso aprobó de esos famosos 3 mil 500 millones de deuda.

Bueno, si tampoco se pronunciaron, mucho menos condenaron la patética escena del beso que el presidente Andrés Manuel López Obrador, le planta a media boca a la legisladora federal Julieta Ramírez, algunas hasta lo festejaron.

Luego por eso las críticas contra el feminismo, porque en poco tiempo han transformado la lucha de la erradicación de la violencia contra la mujer en algo selectivo, a rajatabla con los enemigos políticos y permisivas con los aliados políticos.