Deudores alimentarios no podrán trabajar en estado y/o municipios
Tendrán que presentar certificado de no inscripción en el registro nacional de obligaciones alimentarias
Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 12 DE ENERO DE 2024.- El Congreso del estado emitió la declaratoria de procedencia de la reforma Constitucional que obliga a los servidores públicos del estado o municipios, presentar certificado de no inscripción en el registro nacional de obligaciones alimentarias.
Manuel Guerrero Luna, legislador morenista y expresidente de la mesa directiva expuso que, tras concluir el trámite parlamentario y el no pronunciamiento de los cabildos de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito y el Concejo fundacional de San Quintín, el congreso local tomó como afirmativas la aceptación de las reformas a los artículos 8 y 10 de la Constitución local.
De ahí que una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado será obligatorio para las autoridades municipales y estatales solicitar como requisito, para ingreso o permanencia en el servicio público, la presentación del certificado de no inscripción en el registro nacional de obligaciones alimentarias, detalló el diputado.
Asimismo, no podrán ostentar cualquier cargo público las personas deudoras alimentarias morosas y a quienes mediante resolución firme hubieran sido condenadas por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual el normal desarrollo psicosexual.
Tampoco lo podrán hacer quienes hayan sido condenados por violencia familiar, violencia familiar equiparada, doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipo.
Es preciso mencionar que la iniciativa fue aprobada en sesión de pleno el pasado 30 de noviembre del 2023, cuyo dictamen (107) de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (GLyPC), fue aprobado por 21 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La reforma constitucional fue enviada a los cinco municipios y los dos concejos fundacionales para que emitieran su voto, sin embargo, solo el concejo fundacional de San Felipe pronunció su voto a favor.
