Diputados exhortan a la ASE a revisar pago de deuda pública de Tijuana
A la alcaldesa para que transparente el origen de los recursos.
Por: Adán Mondragón.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 25 DE ENERO DE 2024.- Los integrantes del congreso local, aprobaron un punto de acuerdo en el que exhortan a la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez y a la Auditoría Superior del Estado (AseBC), para que informen acerca del origen de los recursos para pagar la deuda pública de la ciudad.
La legisladora Santa Alejandrina Corral Quintero, destacó que este exhorto es para saber si la acción de pago se ajusta a la legalidad en el ejercicio del gasto público o en su caso se cumple con las obligaciones reglamentarias y legislativas necesarias que justifican y amparan la erogación de los recursos públicos.
Además, dijo que se debe revisar si con el pago de la deuda pública de Tijuana, existen posibles afectaciones a partidas presupuestales, a servicios públicos o disminución de los mismos en perjuicio de la ciudadanía o daño patrimonial al erario de la ciudad.
En ese sentido, la legisladora panista comentó que el pago de la deuda pública de Tijuana “genera una percepción positiva con la ciudadanía, sin embargo, no podemos pasar por alto que el proceso para el pago total de este adeudo genera dudas e incertidumbre”.
A la fecha no se ha dejado en claro la cantidad específica de dónde se generó este recurso, qué partidas se vieron afectadas con la erogación de este recurso, así como el proceso que se utilizó el recurso para el pago del adeudo, subrayó.
Es necesario transparentar el manejo de los recursos públicos y aplaudo que los municipios saneen sus finanzas cubriendo sus deudas públicas, lo que permitirá a los ciudadanos contar con mejores servicios públicos, puntualizó.
Sin embargo, lo anterior deberá ser bajo los principios constitucionales que regulan las erogaciones de los recursos públicos, bajo los cuales se pueden hacer este tipo de pagos, sostuvo.
“No se trata de tapar un hoyo y dejar descubierto uno más grande que venga a impactar en sentido negativo los servicios públicos que otorgan los ayuntamientos y sus programas sociales”, remarcó la legisladora panista.
