En esta esquina: El fallido mecanismo de protección a periodistas
Por: Sonia de Anda
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 6 DE FEBRERO DE 2023.- Luego del más reciente ataque que sufrió la periodista Yolanda Caballero el pasado primero de febrero cuando al menos dos sujetos hicieron explotar su vehículo, mientras realizaba una entrevista, el caso reactiva las interrogantes sobre la eficiencia de los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, tanto a nivel federal como estatal.
El mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado de manera reiterada la eficiencia y viabilidad de este mecanismo, pues sostiene que al igual que otros organismos que han sido vigilantes del servicio público, fueron creados sólo para calmar conciencias de quienes estaban en el poder y responder a las crisis políticas que se desataban, pero al menos en lo que se refiere a los asesinatos y ataques a comunicadores, el tabasqueño tiene razón.
También tiene razón la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero cuando dijo al día siguiente del ataque de Yolanda, al ser entrevistada en dos medios de comunicación nacionales, que el mecanismo falló porque no la protegió debidamente, aunque con ello sin querer, demostró los grandes baches que tiene este organismo y en los que ella también tiene responsabilidad.
Las palabras de la alcaldesa demostraron que estaba contestando con los intestinos (para no variar), pues sabía que las confrontaciones que había sostenido de manera pública con Yolanda Caballero, la ponían en el ojo del huracán, pero además, evidenció que de nada sirvió que enviara a un representante del municipio por casi dos años a las sesiones del Mecanismo Estatal y fuera participe de las decisiones que ahí se tomaban, así como los motivos por los que se protegía a tal o cual periodista o defensor de derechos humanos.
En las entrevistas, Monserrat Caballero dijo que Yolanda estaba en el mecanismo de protección y que había fallado, además culpó prácticamente al gobierno del Estado de haberle retirado la custodia policiaca una semana atrás y sólo le faltó decir que debieron protegerla de lo que ella le hacía, pues era público y evidente.
Pero hubo dos grandes imprecisiones que han mantenido a la alcaldesa fuera del ojo público después de la protesta que realizamos periodistas en la presidencia municipal, un día después del ataque.
Tal parece que el director de apoyo técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, Jorge Alberto Aguirre Carvajal, quien era el representante que acudía a las sesiones del Mecanismo, nunca le informó a la alcaldesa que hace dos años se le tuvo que proteger a Yolanda Caballero con custodia policiaca permanente por alrededor de ocho meses, luego de que el director de comunicación social del municipio, Miguel Ángel Torres, le envió audios amenazantes e intimidantes.
La alcaldesa no fue informada que el caso de Yolanda Caballero no fue el único que se expuso en ese mecanismo por agresiones del mismo funcionario a otros periodistas y menos que le retiraron los escoltas a la comunicadora desde hace más de un año.
Tampoco se le informó a la alcaldesa que se estaban mandando avisos al mecanismo, de las llamadas de auxilio que estaba lanzando Yolanda Caballero, donde se decía intimidada y vulnerada cuando ella empezó a hacerle comentarios de manera directa en sus redes sociales y en un evento público.
Es ahí donde está precisamente la gran falla del Mecanismo Estatal, porque es un organismo diseñado sólo para generar medidas de protección que no notifica a las autoridades que hay una intervención de este organismo porque han vulnerado a un periodista o defensor de derechos humanos y ahora se les tiene brindar seguridad con cargo al Estado porque abusaron de su poder.
Y es que se parte del principio de que en el mecanismo está presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que son los facultados para hacer recomendaciones, además de los representantes de cada institución, que en teoría, deberían de salir corriendo, aunque sea en calidad de chismosos, con sus máximas autoridades y avisarles que fueron expuestos por sus arranques y se están tomando medidas.
Parece que se niegan a aceptar que los representantes de cada municipio, estado y órgano de seguridad que están ahí, sólo están cumpliendo con la formalidad de hacer acto de presencia. ¿Acaso no saben que para que la CEDH emita una recomendación tiene que abrir todo un expediente y una investigación que en ocasiones se lleva meses?
Si el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda quiere evitar que durante su gestión sigan asesinando o agrediendo a periodistas o defensores que ya están incorporados al mecanismo estatal, va a tener que modificar el decreto en el cual se enmarca este organismo y darle el poder de emitir pronunciamientos y notificaciones directas a funcionarios para iniciar procedimientos sancionadores ante organismos reguladores de la función pública.
No es justo que se saquen policías de las calles con sus respectivas patrullas para que custodien a cada comunicador que molesta a un servidor público con cargo al erario porque se le hizo fácil abusar de su poder o porque no entiende que sus actos convierten a periodistas en un blanco para ser atacados por seguidores o detractores que buscan sacar algún beneficio de crear una crisis de esta naturaleza.
No es correcto que un organismo en el que están representantes de los tres poderes, de todos municipios, de los cuerpos policiacos y de justicia, no proceda legalmente cuando son evidentes los excesos de servidores públicos y solo se limiten a escuchar como si fuera grupo de AA, donde cada mes se sacan los traumas de la gente que expone ahí sus casos, algunos aterrados y otros tratando de abusar para que se puedan lucir como personas protegidas
Muchos periodistas opinan que este mecanismo no funciona, pero hay quienes desde la incomodidad que genera nuestra presencia en ese organismo, ahí seguiremos para reconocer las fallas, para insistir en sus correcciones y para evitar la simulación gubernamental, que como dice el mismo López Obrador, sirve para aplacar sus conciencias.
Más vale que esta cosa llamada Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos sea funcional, que sus protegidos de verdad lo estén o de lo contrario, mejor lo reventamos, nos ahorramos las hipocresías y los que sí somos periodistas salimos a las calles a exigir en cada oportunidad, la aplicación pronta de la ley que es la mejor medicina para desalentar a quienes se pasan de creativos y creen que pueden agarrarnos de tiro al blanco para beneficio o perjuicio de alguien que desde su posición de poder, carece de prudencia.
No debe haber otra Lourdes Maldonado, ni una Yolanda Caballero que, estando incorporadas al mecanismo, fueron severamente atacadas. Ni una más.
