Gobierno de Tijuana sin comprobar gasto de 108.4 mdp en gasolina
La ASF promovió una acción de responsabilidad por el deficiente uso de recursos federales
Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 21 DE FEBRERO DE 2024.- El gobierno de Tijuana no proporcionó la documentación que compruebe y justifique un gasto por 108 millones 423 mil pesos por concepto de suministro de combustible, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el informe de auditoría de cumplimiento 2022-D-02004-19-0462-2023, se desprende que el gobierno de Tijuana, que encabeza la morenista Monserrat Caballero Ramírez, no proporcionó los registros contables y presupuestales del uso de recursos federales en el 2022.
La ASF informó que dichas erogaciones se hicieron a través del contrato ADQ 2022-AD-009-1 con objeto suministro de combustible por un monto de 108, 423.000.72 pesos, con recursos provenientes de las participaciones federales a municipios.
De acuerdo con la ASF, el gobierno encabezado por Caballero Ramírez no proporcionó la documentación que comprueba y justifica el gasto, la cual fue solicitada en la orden de auditoría número AEGF/5340/2023 con fecha del 15 de junio del 2023.
En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, el gobierno de Tijuana proporcionó mediante oficio T-3604-2023 la documentación complementaria y justificativa correspondiente al contrato ADQ 2022-AD-009-1 consistente en pagos y resortes de consumo de combustibles por un monto de 108 millones 423 mil pesos, sin embargo, no se cuenta con las cotizaciones ni con el acta constitutiva del proveedor adjudicado, con lo que se solventa parcialmente lo observado.
Por lo anterior, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), para que el órgano de control interno el municipio realice las investigaciones pertinentes por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión realizaron una deficiente revisión de la documentación de los participantes en el proceso de adjudicación, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el estado.
