Mexicanos en red de traficantes detenidos en operación Smoke Jumpers

Por: Redacción E32

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, A 14 DE FEBRERO DE 2024.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a 17 personas como integrantes de la red de traficantes que implementó un plan para introducir fentanilo y otras drogas ocultas en extintores, a través de la frontera sur de ese país.

La acusación alega dos cargos de conspiración relacionada con narcóticos y 12 delitos de tenencia de drogas, para cada uno de los cuales se prevé una pena mínima obligatoria de 10 años en una prisión federal y posible pena perpetua.

El cargo 15, que alega la existencia de una conspiración con fines de lavado de dinero, conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Para la tarde de este jueves está programada una audiencia de acusación formal para el último inculpado, al que se arrestó por determinación de un jurado de acusación federal, que alegó la existencia de un plan para ingresar fentanilo, metanfetaminas y heroína por contrabando desde México a Estados Unidos.

Estos narcóticos habrían sido introducidos en extintores de incendios y ocultos en cargamentos de chatarra.

La organización de narcotráfico utilizó camiones con acoplado para importar extintores rellenos con drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, según surge de documentos judiciales.

Durante la investigación, que se extendió por dos años y recibió el nombre de Operación “Smoke Jumpers”, las autoridades realizaron 13 incautaciones en las que se obtuvieron cerca de 680.992 píldoras de fentanilo, 3 kilogramos de polvo de fentanilo, 17 kilogramos de heroína y 10.418 píldoras que contenían metanfetaminas.

Nueve acusados fueron arrestados durante operativos policiales que comenzaron el 8 de febrero y continuaron durante el día lunes. Un acusado ya se encontraba bajo custodia de las autoridades estatales. Hay otros siete acusados que están prófugos y se cree que se encuentran en México.

“Estos acusados usaron una red sofisticada para el contrabando de grandes cantidades de fentanilo a nuestro país”, señaló el fiscal federal Martin Estrada.

“Sabemos que cada píldora de fentanilo puede ser letal, pero a estos acusados no les importaba la destrucción generalizada que estaban causando. Nuestra institución seguirá trabajando de manera inteligente y enérgica para llevar ante la justicia a organizaciones internacionales de narcotráfico”, dijo el funcionario.

Por su parte, Amir Ehsaei, director adjunto interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, expresó que las organizaciones de narcotráfico siempre encuentran nuevas formas de ocultar las sustancias venenosas que importan de México a ciudades y pueblos en Estados Unidos.

“El FBI y nuestros socios en el Equipo Especial están buscando a siete fugitivos en relación con este caso y piden que toda persona que tenga información sobre su paradero se ponga en contacto con el FBI”, agregó.

La imputación formal, que consta de 15 cargos, se publicó el 8 de febrero y acusa a varias personas de cargos de tráfico de drogas y conspiración para el lavado de dinero.

Los nueve acusados que fueron arrestados son:

Oscar Ahumada Leyva, de 43 años, de México;

Miguel Antonio Rabago Valenzuela, de 42 años, de México;

Gustavo Rivero Rodríguez, de 39 años, de México;

Carlos Espinoza, de 38 años, de Alhambra;

Erick Roque Ángeles, de 39 años, de Fontana;

David Sánchez Balderas, 26 años, de Denver;

Fernando Salgado, de 36 años, de Riverside;

Rocío Guadalupe Acevedo Tonche, de 32 años, de Ontario; y

Efren Quibrera Espinoza, de 29 años, de Cudahy.

Seis de los acusados quedaron bajo custodia en las regiones de Los Ángeles e Inland Empire. En tanto, cinco de esos acusados han sido imputados formalmente, se declararon no culpables y se dispuso su vinculación a juicio el 2 de abril.

Está previsto que Erick Roque Ángeles sea imputado formalmente en el Tribunal Federal de Distrito en Los Ángeles la tarde de este jueves, mientras que un décimo acusado, Toniel Báez-Duarte, de 33 años, oriundo de Apple Valley, ya se encontraba bajo custodia de las autoridades estatales.