Conflicto entre músicos de banda y empresarios turísticos por gentrificación: investigador
Por: Redacción E32
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 5 DE ABRIL DE 2024.- El conflicto entre músicos de banda y empresarios turísticos en Mazatlán tiene varios matices, va desde lo clasista, hasta la gentrificación turística, refirió José Manuel Valenzuela Arce, investigador del departamento de estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
A través del Colef Press, José Manuel Valenzuela explicó que la gentrificación es el copamiento de espacios que son “recuperados” y expulsan a los pobladores originales, situación que se ha dado en distintas partes del mundo.
Añadió que en este tema también hay un debate importante sobre la situación de ciertos sectores sociales que se arrogan el derecho de privatizar espacios públicos; pues la playa es un espacio que no puede privatizarse y tampoco se puede restringir el acceso.
Agregó que en las costas de México hay muchas experiencias de hoteles, restaurantes que privatizan las playas, pero también de privados que de repente cierran y dicen que las playas son de uso exclusivo, lo cual no se puede hacer.
El investigador del Colef señaló que “claramente es una posición anticonstitucional el tratar de restringir el derecho de los músicos… algunos músicos fueron a negociar con Coppel, como si él tuviera algún tipo de autoridad para conceder o negar un permiso para el uso de las playas”.
Valenzuela Arce reiteró que esta polémica entre músicos y empresarios hoteleros contiene una expresión clasista, lo cual se ha vuelto muy visible en nuestro país en los últimos años.
En ese sentido, recordó que subgéneros musicales como los corridos que abordan temas del narcotráfico y más recientemente con los corridos tumbados, han sido objeto de reacciones de descalificación y hasta prohibición.
Cabe mencionar, que el Cabildo de Tijuana que encabeza la morenista Monserrat Caballero Ramírez, el 8 de noviembre del 2023 aprobó la prohibición de los “narcocorridos” en espectáculos públicos.
Además, en la modificación hecha al bando de policía y buen gobierno y el reglamento de espectáculos públicos, se aprobó una multa de hasta 1.3 millones de pesos, para quienes incumplan.
