Por: Octavio Fabela Ballinas.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 02 DE MAYO DE 2024.- El 17 de septiembre de 2006, hace 17 años, 7 meses y 9 días se ejecutó el último verdadero cambio en el transporte público de la ciudad, se prohibió el uso de las vetustas guayinas y los transportistas tuvieron que cambiar sus unidades.
Ese día hubo amenaza de los taxistas de cerrar las calles si el gobierno municipal, en aquel entones responsable del transporte público, no autorizaba una prórroga para el cambio de vehículos, pero el XVIII Ayuntamiento no cedió.
Hacía tres años atrás se había publicado un nuevo reglamento del Transporte Público, que prohibía la circulación de los taxis tipo guayina que abundaban, el alcalde en aquel entonces Jorge Hank Rohn, no cedió y a regañadientes se hizo el cambio.
No tengo recuerdos de que la migración de esas unidades haya provocado manifestaciones de taxistas, tampoco recuerdo que se haya utilizado la fuerza pública o que hayan encarcelado a alguna persona por esta razón.
Ahora que ya utilizan la fuerza pública para disolver manifestaciones, que por asuntos políticos en los que los usuarios nada tienen que ver, el transporte público, no mejora y podría decirse que el gobierno estatal hasta les tiene miedo a los transportistas.
La razón principal por la que la ciudad no cuenta con un sistema de transporte público acorde a las necesidades es el modelo de negocio con el que se maneja, los 15 pesos de la tarifa promedio tienen que satisfacer las necesidades muchas personas, menos del usuario.
El temor de un paro de labores de los transportistas espanta a los gobernantes y a la iniciativa privada, detener la circulación de las personas significaría parar la ciudad y afectar todas las actividades porque no habría forma de trasladarse.
En torno al sistema de transporte público, los que menos interesan son los choferes y los usuarios, es decir, los que manejan y los que pagan. Están estigmatizados y quienes no lo necesitan lo ven como un estorbo para la movilidad.
El servicio de transporte público, para mejorar, necesita estar regulado, que sea la Ley la que establezca plazos y métodos incluso tipos de vehículo, horarios obligatorios de servicio y frecuencia.
Y sobre todo, que no sea por interés político la aplicación de la Ley. Ya quedó demostrado que sin importar que nivel de gobierno administre el servicio, los intereses ajenos interfieren y marcan la ruta a seguir.
Mientras quienes gobiernan sigan haciendo concesiones a los transportistas por temor a manifestaciones y paros de labores, el sistema nunca mejorará, ellos tal vez evitarán el costo político, pero los ciudadanos seguiremos siendo los afectados.
