Por: Isabel Mercado.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 17 DE JUNIO DE 2024.- Víctimas de fraude inmobiliario exigieron a la Secretaría de Economía e Innovación suspender la licencia a Paola Olascoaga Díaz, ex presidente de la APIT, en estricto apego a la Ley que regula las actividades de los agentes profesionales inmobiliarios en el estado de Baja California.
Luis Bailis y su esposa Azucena González también demandaron a las asociaciones de agentes inmobiliarios la baja temporal de Olascoaga, hasta en tanto un juez dé una resolución de la denuncia de fraude específico, como lo establece la propia ley y el Código de Ética que rige a los profesionales en la compra y venta de inmuebles.
A Kurt Honold, cómo titular de la Secretaría de Economía e Innovación, le pidieron convocar a reunión de la Comisión Mixta Inmobiliaria de Baja California, integrada por él, así como por los presidentes de las asociaciones de inmobiliarios, quienes, de acuerdo a la reglamentación, están obligados y facultados para emitir una sanción, independientemente de la resolución que determine un juez por la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (PGE).
¿Si Paola violó la Ley Inmobiliaria y el Código de Ética, por qué se mantiene a Paola Olascoaga dentro de una asociación? Cuestionó Azucena González.
De acuerdo a la Ley, anotó, los agentes no pueden ofrecer un bien inmueble al mercado para la realización de una operación inmobiliaria sin el consentimiento de su propietario o representante legal, por lo que Paola Olascoaga debió tener en sus manos un poder notarial que ostentó al licenciado Adalberto Govea López como representante de Luis Carlos Hernández Puente, propietario de los predios y presentarla ante los compradores, lo cual no hizo.
La ex presidenta de la APIT no protegió al cliente, cómo exige la Ley Inmobiliaria, “y el que siga operando como agente inmobiliaria no brinda seguridad a la ciudadanía, porque no se puede descartar que incurra en un acto similar por el que la denunciamos”, asentó Azucena González.
