Por: Redacción E32
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 27 DE JUNIO DE 2024.- El Poder Judicial de Baja California junto a la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México (INL) instauró el Consejo Consultivo para la Implementación y Seguimiento del Tribunal Especializado en Narcomenudeo (TEN).
En un comunicado se explica que el consejo está conformado por un equipo multidisciplinario con la participación de la Fiscalía, Seguridad Ciudadana y Salud Pública estatales, instancias responsables de replicar en Baja California, el modelo diseñado por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
El consejo tiene el objetivo de reducir la reincidencia delictiva, la rehabilitación y reinserción social de los individuos, reducción del estigma relacionado a la adicción, así como una mayor colaboración entre el sistema judicial, los proveedores de servicios sociales y de salud.
En el evento también se realizó la firma del convenio de colaboración para la implementación del Programa de Justicia Terapéutica y con ello, Baja California se convierte en la octava entidad en firmar el convenio para implementar el programa de Justicia Terapéutica en México, los estados de Chihuahua, Nuevo León, Durango, Hidalgo, Estado de México, Chiapas y Baja California Sur ya lo habían hecho.
El convenio centra sus esfuerzos en la rehabilitación y reinserción de personas que hayan tenido un conflicto con la ley relacionado al consumo de sustancias. Estos mecanismos de alternativas al encarcelamiento priorizan la atención al individuo para evitar su reincidencia por encima de aquellas medidas de carácter punitivo, al mismo tiempo que se atiende la despresurización del sistema de justicia penal.
Al evento asistieron el Cónsul General de los Estados Unidos en Tijuana Tom Reott, representantes del Gobierno del Estado de Baja California, Fiscalía General del Estado de Baja California, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, Poder Judicial del Estado de Chihuahua, así como miembros de la comunidad jurídica en el Estado.
Este evento protocolario es acompañado por una agenda de trabajo los días 27-29 de junio, donde operadores jurídicos conocerán las prácticas para la implementación y ejecución de estos mecanismos de justicia alternativa.
