Por: Redacción E32
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 29 DE JULIO DE 2024.- El Congreso del Estado exhortó al secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas y al consejero Jurídico del Estado, Juan José Pon Méndez, para que tomen acciones y medidas necesarias para garantizar y armonizar en varias disposiciones reglamentarias, relacionadas con la alerta de género.
En un comunicado se explica que, al hacer la propuesta, la diputada morenista Michel Sánchez Allende, indicó que “la armonización legislativa y reglamentaria es un deber inaplazable de nuestro Estado frente a la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres en razón de Género y el mandato constitucional en materia de derechos humanos”.
La elaboración y publicación de estos reglamentos, permitirá una aplicación eficiente de la legislación de la que emanan, haciendo vigente el respeto a los derechos humanos para promover, respetar, proteger y garantizarlos conforme lo mandata la Constitución, indicó.
“Desde el Congreso del Estado, las Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género y Juventudes, en conjunto con la Secretaría General de Gobierno del Ejecutivo del Estado, autoridades diversas y organizaciones de la sociedad civil, permitieron el desarrollo del plan estratégico por una ‘Baja California Libre de Violencias’, constituido por mesas de trabajo y un foro público.
Por ello, a propuesta del Grupo de Trabajo que atendió la solicitud de alerta de género contra las mujeres por violencia feminicida y la revisión a la reglamentación emitida por el Ejecutivo Estatal, se constató en el Periódico Oficial del Estado y a la plataforma MÉXICO, que se encuentran pendientes de publicar la reglamentación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres Estatal.
También está pendiente la Ley de Víctimas para el estado, la Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos delitos.
Dicho plan se integró por una serie de exhortos para el debido acompañamiento de las armonizaciones legislativas que se han venido desarrollando para atender la declaratoria de alerta de género.
Piden atender con puntualidad los procesos de custoria y adopciones
El congreso local exhortó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, el objetivo de que dicha entidad cuente con el personal especializado suficiente para que le permita cumplir puntualmente con sus obligaciones, respecto a los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en materia de custodia y adopción de manera eficaz, centrados en el interés superior de la niñez.
Lo anterior a propuesta de la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, quien expuso que los procedimientos judiciales relacionados con los derechos de los menores se ven obstaculizados por la falta de personal y de recursos en la Procuraduría de Protección, ya que debe realizar valoraciones y dictámenes para las decisiones judiciales y la tardanza en emitir estos documentos retrasa aún más la resolución de los casos.
“Los legisladores deben asegurar que los derechos de los menores sean protegidos y que los procedimientos se agilicen para garantizar su desarrollo en un entorno familiar adecuado. Los procedimientos judiciales y administrativos deben ser expeditos, sin requisitos innecesarios y siempre centrados en el interés superior de los niños”, indicó la inicialista.
Subrayó que en Baja California los trámites de adopción y custodia se ven afectados por procedimientos burocráticos largos y complicados, por lo que se retrasa la resolución de los casos y prolongan el tiempo que los menores pasan en centros de asistencia. “Esta demora es crítica, especialmente para los niños mayores de cinco años, que tienen menos posibilidades de ser adoptados”.
Asimismo, en el exhorto se solicita que se atiendan con toda puntualidad los requerimientos de asistencia y apoyo que le sean requeridos por autoridades jurisdiccionales en procedimientos relacionados con los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de evitar, por causa de la inasistencia, la demora, entorpecimiento, obstaculización y diferimiento de la emisión de resoluciones judiciales que pongan fin a controversias de custodia y convivencia familiar de menores de edad.
En ese sentido, también solicitan que se reduzca el tiempo en la emisión de dictámenes, valoraciones o estudios psicológicos que tengan que expedirse en materia de adopción, apegándose a los requisitos o plazos estrictamente necesarios para brindar una justicia pronta y expedita a favor de los derechos de menores edad y en observancia al interés superior de la niñez.