Por: RedacciónE32.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 14 DE AGOSTO DE 2024.- En México avanza el dictamen con el que se busca reincorporar la prisión preventiva oficiosa dentro de los delitos fiscales, según explicó el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
Señaló que ya se encuentra muy avanzado el dictamen que busca reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Comentó que con esas prácticas se amenazó durante muchos años a los contribuyentes y con esta reforma, podría revertirse el beneficio de no ir a prisión, en caso de que se apruebe el dictamen.
“Es importante para el país esta reforma, porque la sociedad había sido víctima del fisco con amenazas constantes de ser perseguido penalmente si no pagaba las deudas que el fisco determinara, aunque fueran improcedentes”, advirtió.
En el pasado, la sociedad había sido objeto de amenazas constantes por parte de las autoridades… Con cualquier infracción tributaria, se buscaba ejercer acción penal, acotó.
Por otra parte, remarcó que ya existe un recurso de inconstitucionalidad resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde declaran la invalidez de la reforma en la que se buscaba “criminalizar” los delitos fiscales.
Agregó que según criterios de la Corte Interamericana, quedó claro que no se pueden criminalizar las infracciones tributarias, ni usar la prisión preventiva en delitos fiscales como un mecanismo de amenaza o presión para el pago de impuestos.
Sin embargo, pese a ello, el gobierno mexicano insiste en incorporar los delitos fiscales al catálogo de prisión preventiva oficiosa.
“De llegar a suceder, se vuelve a dejar en un estado de incertidumbre a los gobernados. Primero porque ya hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y segundo porque a nivel internacional ya se ha resuelto que no es valido reincorporar estas figuras”, explicó.
Concluyó que de aprobarse la propuesta, el país entraría en una falta de seguridad jurídica y una falta de certidumbre, donde se utilizaría la prisión preventiva como una forma de presión. Por otra parte, señaló que de no aprobarse, se estaría respetando el estado de derecho.
