Por: Isabel Mercado
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 11 DE AGOSTO DE 2024.- Un estado sin un manejo transparente en la aplicación de los fondos que debería destinar a la protección del medio ambiente y funcionarios sin capacidad de dar solución a los problemas ambientales, han detonado una crisis de contaminación en Baja California, señalaron ambientalistas.
Margarita Díaz, directora de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA), dijo que es incongruente que con la escasez de agua que enfrenta la entidad, el gobierno no aplique una política de rehúso del agua residual como una forma de abasto.
Compartió que mientras en Estados Unidos tienen proyectado disminuir a la mitad la demanda de agua para el 2035, tomando como base el regresar el líquido utilizado ya tratado a sus sistemas de distribución habituales, sin tener que colocan más infraestructura, en Baja California solo piensa en una sola fuente de diversificación: la desalinización.
“No hay planeación y vuelven a voltear al mar para sacar agua con la pésima calidad que tiene”, anotó al recordar que las costas de la entidad, particularmente de Tijuana y Playas de Rosarito, de donde se pretende utilizar el agua del mar, registran un alto nivel de contaminación.
Respecto a la alta contaminación de las costas de Baja California, la ambientalista consideró que deriva a que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno asume su responsabilidad en evitar la contaminación de las playas, porque en el país no hay Ley de Costas.
“Esta indefinición ha tenido consecuencias graves”, anotó.
Respecto a la aplicación de recursos destinados a la protección al medio ambiente, falta voluntad por parte de las autoridades para invertirlos en este rubro, indicó Margarita Díaz. De la recaudación por la explotación de la playa, en un área de 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre, el 30 por ciento se tiene que invertir directamente en la playa, pero no se aplica, compartió.
Por su parte Carmelo Zavala, director y fundador del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), lamentó que los funcionarios de las dependencias encargadas de la protección al ambiente, no parecen interesados en ponerse al día con los temas de las dependencias que les corresponde dirigir.
“Dejan pasar el tiempo y nadan de muertito. La capacitación de estos funcionarios nos cuesta mucho y nos cuesta a todos, ojalá tuvieran un poco más de interés de revisar los documentos, archivos, etcétera, no lo hacen y aquí estamos reiniciado”, señaló.
Lamentó que en el caso del agua de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de La Morita y Los Olivos, tienen un nivel de cuidado más o menos efectivo, pero en lugar de reutilizarse, se descargan al canal, en dónde vuelven a contaminarse.
“Entonces no tenemos una visión de sustentabilidad y un manejo integral del agua, o un manejo inteligente”, expuso.
En tanto, Ignacio Martínez Luna, consultor ambiental, advirtió que el problema de contaminación es un tema de salud pública y está muy ligada a la contaminación provocada por residuos, que genera un problema binacional.
Basura no solo generados en la ciudad, en el caso de Tijuana, sino producto de material de importación, como es el caso de las llantas, que terminan en los arroyos o directamente en la canalización del Río Alamar o Río Tijuana.
Martínez Luna se pronunció por impulsar un programa de verificación vehicular para disminuir la contaminación del aire, pero sin que sea con fines recaudatorios.
Con una meta para reducir la emisión de contaminantes al aire y un adecuado sistema de medición, subrayó.
También demandó transparentar la aplicación del fondo ambiental establecido en la Ley del Estado, para que la población sepa en qué programas se están aplicando.
Al respecto, José Carmelo Zavala Álvarez consideró que, la única manera de que un programa de verificación no sea recaudatorio es que el recurso que ingrese esté etiquetado para temas ambientales, pero hay una resistencia de parte de las autoridades.
