Por: Isabel Mercado
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 25 DE AGOSTO DE 2024.- La reforma al Poder Judicial lo quebranta y crea inseguridad no solo para los mexicanos, sino también para los inversionistas, al no garantizar certeza jurídica, advirtió Sarah Elizabeth Chávez de la Mora, presidenta de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California.
Para impulsar el nearshoring, atraer inversión extranjera y se invierta en las empresas ya establecidas en México, se requiere certeza jurídica y, lejos de ello, la reforma planteada por el Ejecutivo federal genera incertidumbre en este sector, señaló.
Por ello los empresarios que estaban por venir a México pararon sus trámites, hasta no saber qué va a pasar, lo que demuestra que hay preocupación internacional por este tema, como lo manifestó Estados Unidos a través de su embajador (Ken Salazar) y Canadá también se pronunció porque la reforma va en contra de acuerdos establecidos en el T-MEC, agregó.
Chávez de la Mora precisó que el 80 por ciento del trabajo del poder judicial es en contra de las autoridades que dependen del Ejecutivo.
Subrayó que la reforma al Poder Judicial tiene un fondo más allá de que jueces y magistrados se bajen los sueldos.
“Eso es lo que menos nos debe de preocupar, nos debe de preocupar nuestros derechos, porque sí van a ser violentados si se aprueba la reforma tal y como está planteada”, manifestó.
En este sentido, el juez federal José Rivas expuso que quienes integran el Poder Judicial están dispuestos a rebajarse los sueldos, si ese es el problema.
Indicó que al igual que se cuestiona el sueldo de once ministros, se debe exigir transparentar los gastos que se hace con recurso público para la manutención del presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia, en los que se incluye vehículos y guardias pagados con el erario.
Anotó que si el Ejecutivo federal realmente buscara fortalecer el Poder Judicial cumpliría con el promedio de 64 jueces por cada cien mil habitantes, como lo exige la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y no limitaría esa representación a cuando mucho cuatro jueces porcada cien mil habitantes.
Para el juez Rivas la reforma judicial es un desvió para polarizar los problemas trascendentales del país que tienen injerencia social, como es la salud y el agua.
En tanto, Hassan Franco Ruiz, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California (Fedabo), precisó que en 2023 el Poder Judicial recibió menos del uno por ciento del gasto público.
“Desde la tribuna de la presidencia de la república se señalan excesos del Poder Judicial, lujos y excesos de 11 ministros, pero nadie señala lujos y excesos de 500 legisladores”, apuntó.
Cuestionó la verdadera intención del inicialista de la reforma judicial, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien “juega con la perspectiva de los ciudadanos, no con datos ciertos”, para promover su propuesta.
“Nos queda claro que la intención de fondo no es resolver los posibles casos de corrupción, de imparcialidad o el famoso lema de que los jueces liberan delincuentes, la intención es poner y quitar jueces a como ellos quieran”, advirtió.
Si la intención fuera que la justicia llegue a los ciudadanos que menos tienen, hubiera incluido en la reforma a las defensorías públicas que defienden los intereses de quienes no pueden contratar a un abogado, y hubiera propuesto ampliar los recursos para fortalecer a las fiscalías.
Anotó que también hubiera planteado fortalecer la autonomía del Poder Judicial con una reforma integral en donde no metieran las manos de lleno el Legislativo y Ejecutivo.
El representante de la Fedabo conminó a la población de informarse de lo que sucede con esta reforma, porque afecta a todos de manera directa.
