Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 3 DE OCTUBRE DE 2024.- El bloqueo de doce horas a la carretera que conduce al aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, fue, como dicen en mi tierra “un mal innecesario”, porque al final las cosas quedaron igual a como estaban: sin solución.
Con razón o sin razón, los posesionarios tienen más de 30 años exigiendo que las autoridades federales, con quienes en algún momento negociaron y el Ejido Lázaro Cárdenas por la vía judicial se hizo de los predios, los reconozcan como propietarios legítimos.
Cientos de horas han transcurrido a lo largo de más de cinco gobiernos federales y la solución al problema no llega, quienes han sido afectados por esta lucha entre tres, son quienes no tienen vela en el entierro.
Para la sociedad de Tijuana, este es el primer gran reto que deberá enfrentar la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum; porque luego de 30 años, para todos ya es tiempo que se ponga punto final y los ciudadanos dejemos de ser rehenes de las partes.
La necesidad de solución al conflicto no solo la esperan quienes reclaman la propiedad del pedazo de tierra en donde levantaron sus casas, también la sociedad que no tiene por qué padecer complicaciones cada que el gobierno en turno cambia las reglas.
La lucha de estos posesionarios es un reflejo de un problema más amplio: la necesidad de un gobierno que escuche y actúe en favor de todos sus ciudadanos, especialmente aquellos que más lo necesitan.
Para resolver el conflicto, los involucrados se han sentado en la mesa con gobiernos de tres ideologías distintas amparados en los discursos del PAN, del PRI y de Morena; y ninguno ha tenido la capacidad de dar vuelta a la hoja.
Luego que se levantó el bloqueo, los posesionarios se retiraron como lo hizo el general condecorado de la Segunda Guerra Mundial: Douglas MacArthur. Cuando los japoneses llegaron a Filipinas, asegurando que si no cumple el gobierno volverán.
Ese amago de movilizaciones que afectan a los ciudadanos, nada tienen que ver en este problema por la tenencia de la tierra, por eso, urge que el gobierno federal (con las facultades que tiene) trace la ruta de solución, permanente y que la cumpla.
Esta vez, solo entre los que pretendieron llegar en auto al aeropuerto o llegar a sus trabajos en la zona industrial de Otay fueron afectados, las consecuencias económicas todavía no son cuantificadas y la solución no se ve cerca.
