Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.- En México, la migración irregular no se considera un delito, es solo una falta administrativa, a diferencia de Estados Unidos, donde ingresar de manera indocumentada es un delito federal que provoca cargos penales y deportación.
La llegada de nueva cuenta de Donald Trump, un político antiinmigrante, podría hacer que en México cambie la forma en que México trata a los migrantes extranjeros, sobre todo porque la presidenta de México tiene de rodillas a los poderes Legislativo y Judicial.
Para el mandatario recientemente electo de los Estados Unidos, los migrantes constituyen una fuerza maligna que afectan la seguridad nacional, les quitan el empleo a sus ciudadanos y deben ser expulsados de su territorio.
Esa visión la transmitió a México, por eso en la primera mitad de 2019 México desplegó a 6 mil 500 efectivos de la Guardia Nacional para resguardar la frontera sur del país a cambio de que no se incrementaran los aranceles a los productos exportados al país de las barras y las estrellas.
En los días previos a las elecciones, Donald Trump volvió a amenazar con incrementar los aranceles con hasta un 25 por ciento de su valor, esto lo haría si el gobierno mexicano no detiene los flujos migratorios que vienen del sur.
Por las presiones estadounidenses, México, una nación donde la migración indocumentada está considerada una simple falta administrativa, ha retenido a miles de personas principalmente en Chiapas, pero esa postura podría cambiar por la nueva conformación de los poderes del Estado.
Desde la reforma en 2011 a la Ley de Migración México adoptó una visión de derechos humanos en materia migratoria, el cambio en la Ley fue impulsado por las recomendaciones de organizaciones internacionales y los compromisos de México en convenios internacionales.
Si se intentaba cambiar la visión, había un Poder Judicial autónomo al que organizaciones defensoras de los migrantes podían recurrir y previo a ello, había un espacio verdadero de debate en las cámaras legislativas para frenar los intentos.
Hoy los congresos, incluyendo los estatales, bajo el argumento de que la mayoría votó por los cambios que proponen, aprueban todo lo que envían con la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum; lo hacen sin recato y sin temor a ser señalados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, transita hacia una postura semejante de genuflexión a los designios del poder Ejecutivo, tengan estos o no la razón, y ante las posibles presiones estadounidenses para frenar la migración, es muy posible que intenten lo que antes no pudieron, calificar el ingreso a México sin documentos como un delito federal.
Es cuestión de tiempo para conocer la forma en la que México responderá a las conocidas presiones de Estados Unidos, la primera que se me ocurre es en materia migratoria, pero podrían ser más y que atenten contra los derechos humanos de la mayoría. Ojalá me equivoque.
