CEDHBC emite cinco recomendaciones; cuatro a corporaciones de seguridad

Por: RedacciónE332.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 20 DE ENERO DE 2025.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió cinco recomendaciones dirigidas a cuatro corporaciones de seguridad, así como una en materia de salud.

Se trata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado; la Secretaría de Salud; la Fiscalía General del Estado; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana; y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.

Agresión a mujer Trans

Una de las recomendaciones fue dirigida al Ayuntamiento de Tijuana por violaciones a los derechos a la integridad y libertad personales con relación al derecho a la igualdad y no discriminación, en agravio de una mujer transgénero.

De acuerdo con los hechos, el 9 de septiembre de 2019, la víctima presentó una Queja ante la CEDHBC señalando malos tratos, efectuados por agentes de la Policía Municipal, derivados de una detención de la que fue objeto tres días antes.

Con base en su declaración, la víctima se encontraba a bordo de un taxi cuando fue agredida por un vendedor ambulante, quien le arrojó una botella de agua en la cara.

Por lo anterior, la víctima solicitó auxilio a través de una llamada a la línea 911, tras lo cual, acudió una patrulla con agentes de la Policía Municipal, quienes finalmente la esposaron a ella a pesar de haber sido la reportante, además de despojarla de sus pertenencias, insultarla y burlarse por expresar su nombre correspondiente a su identidad de género.

Posteriormente ya estando en celdas por arresto impuesto por el juez municipal, fue golpeada con un tolete por otro agente, en sus brazos, piernas, espalda y cabeza, provocando fractura en los dos antebrazos, ocasionando que por motivo de sus lesiones la dejaran en libertad, debiéndose trasladarse al Hospital General de Tijuana para recibir atención médica.

Oficiales de la PEP retuvieron a un hombre a cambio de dinero

En otro caso, el 28 de enero de 2017, un hombre transitaba a bordo de un vehículo de motor tipo pick up color blanco en compañía de su esposa y su trabajador, en el poblado de Maneadero, cuando fueron detenidos por oficiales de la extinta Policía Estatal Preventiva (PEP).

Los agentes les ordenaron que bajaran del vehículo, los interrogaron y le practicaron una revisión a su persona, así como al vehículo, apropiándose del dinero que traían consigo las víctimas y colocándole las esposas al hombre y al trabajador, presuntamente por portar arma de fuego. Mientras que a la mujer le pidieron una cantidad de dinero a cambio de la libertad de su esposo.

La mujer se trasladó a su domicilio para conseguir la cantidad solicitada (cinco mil dólares). Minutos después arribaron a dicho lugar dos unidades de la PEP y el vehículo de su esposo, conducido por uno de los oficiales de la policía, quienes se introdujeron en su domicilio y realizaron una búsqueda en las pertenencias de la víctima, tomando dinero y joyas, sin una autorización judicial.

Negligencia médica provocó aborto

A su vez, la recomendación 11/2024 fue dirigida a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía General del Estado por violaciones a los derechos a la salud, a la vida, a la integridad personal y al proyecto de vida por hechos registrados en Tijuana.

Según el caso, el 23 de agosto de 2017, la víctima fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital General de Tijuana, realizándole una cesárea, además de un procedimiento quirúrgico para no tener más embarazos.

Desde que salió del hospital, presentó dolor, inflamación permanente y vómito, razón por la cual acudió en diversas ocasiones a los Servicios de Urgencias Médicas del mismo nosocomio, donde previa revisión únicamente le prescribían medicamento para contrarrestar el dolor, manifestándole que con el tiempo sanaría su herida.

Al trascurrir ocho meses sin lograr restablecerse, decidió acudir a un establecimiento particular a realizarse una radiografía, la cual arrojó la presencia de material quirúrgico, así como perforación de intestino.

El 14 de abril del 2018, fue ingresada a quirófano para una laparotomía exploratoria, encontrando textil quirúrgico adherido con lesiones intestinales y abundante material purulento.

Debido a su delicado estado de salud, fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde requirió vigilancia y cuidados especiales, así como alimentación nutricional parental.

En los días posteriores, continuó presentando fuga intestinal, desnutrición, sepsis abdominal, así como neumonía nosocomial por lo que, derivado de su diagnóstico y su evolución desfavorable, fue reintervenida quirúrgicamente en tres ocasiones posteriores, sin embargo, el 5 de junio del 2018 falleció por todas las situaciones médicas previas.

Policías provocaron aborto a una mujer

El 3 de noviembre de 2017, una mujer embarazada (comerciante) se encontraba estacionada en línea roja, descargando mercancía, en las inmediaciones de la garita de Otay.

En ese momento, llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes le ordenaron mover su vehículo bajo la amenaza de remolcarlo. Ante ello, la mujer procedió a estacionar su automóvil en un área permitida.

Una vez que descendió del vehículo, arribó al lugar la misma unidad patrulla, de la que bajaron dos oficiales, quienes le exigieron sus documentos e informaron que su vehículo sería inspeccionado.

A pesar de expresar su inconformidad, accedió a la solicitud y para documentar la intervención, comenzó a grabar a los oficiales con su teléfono celular. No obstante, al percatarse de ello, uno de los oficiales de la policía la tomó fuertemente del brazo y la golpeó en las costillas, aventándola contra la puerta de su vehículo y colocándole las esposas, la víctima de inmediato comenzó a gritar que no la golpearan ya que se encontraba embarazada y sin oponer resistencia accedió a subirse a la unidad patrulla.

La mujer fue trasladada a la Delegación Municipal de Otay Centenario, donde fue amonestada por el Juez Municipal, sin embargo, la víctima inició con dolor abdominal y sangrado. El 8 de noviembre de 2017, acudió ante la FGE a interponer la denuncia correspondiente, quedando constancia en el certificado de integridad física las lesiones que presentaba.

Asimismo, el 8 de noviembre de 2017 fue atendida en el Hospital General de Tijuana, donde se le diagnosticó un aborto incompleto, siendo practicado el procedimiento de legrado el día 21 de noviembre de 2017, como consecuencia del aborto, de acuerdo con la programación del nosocomio.

Falta de atención en centro penitenciario

Finalmente se emitió una recomendación dirigida a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario y a la Secretaría de Salud por violaciones a los derechos a la salud, a la integridad personal y la vida por la omisión de proteger y garantizar el derecho a la salud, por hechos registrados en los municipios de Tijuana y Ensenada.