Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 13 DE FEBRERO DE 2025.- El año pasado, Baja California destinó 400 millones de pesos para el proceso electoral en el que se renovaron los siete ayuntamientos y las 25 diputaciones, en esa ocasión podríamos decir que cada votante costó 305 pesos con 38 centavos.
A esta cantidad, habría que sumar el costo que tuvo cada uno de los electores que acudió a depositar su sufragio para elegir a los diputados federales y senadores, un cálculo conservador es que se gastaron una cantidad similar de pesos.
Este año seremos convocados a las urnas para marcar, nueve casillas en nueve hojas llenas de nombres y cuadros en blanco, además no habrá resultados el mismo día de la elección y el cómputo se hará por separado en los distritos electorales.
La mayoría de los candidatos resultarán sorteados mediante tómbola, serán completamente desconocidos, seguramente habrá movilizaciones para justificar el ejercicio que fue planeado al vapor por la urgencia de que se aprobara antes de que terminara el gobierno que encabezó el señor Andrés Manuel López Obrador.
Las implicaciones jurídicas que este modelo tendrá ya han sido analizadas por expertos y no tiene caso enumerarlas, pero las prácticas que implica ir a votar por alguien no creo que las comprendan ni los organizadores ni los que aprobaron la reforma al poder judicial.
El intento de justificar un ejercicio democrático en un estado donde la participación electoral es raquítica merece especial intención, sobre todo cuando conocemos la boleta que es difícil de leer y todavía más de comprender.
La elección de funcionarios del Poder Judicial se presagia como un gasto que no debía de hacerse, pudo haberse organizado de otra manera, planearse a conciencia y no, como verdaderamente sucedió, por consigna donde los que votaron a favor no leyeron la iniciativa.
En un estado donde todavía no se abate el rezago del pago a los maestros, donde los hospitales niegan el servicio por falta de insumos básicos y por otras prioridades, podría resultar hasta indignante que se gaste dinero público en el proceso que pudo hacerse bien y no se quiso.
No existe otra más que esperar a ver que sucede, pero es previsible que el ejercicio de ir a votar por quienes serán jueces fue algo atractivo, pero en la práctica terminó como quien cambia espejitos por láminas de oro.