Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 20 DE FEBRERO DE 2025.- El 20 de enero pasado, el gobierno de Estados Unidos canceló 300 mil citas programadas para solicitudes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos, no hay una cantidad exacta de cuántas de esas familias quedaron varadas entre Tijuana y Mexicali.
Activistas que atienden a la población en contexto de movilidad refieren que los albergues donde la mayoría de las familias esperaban la fecha de presentarse ante el gobierno norteamericano están quedándose solos.
Las personas que atendían los albergues eran desplazados por la violencia que recrudece en los estados del sur de México, esas familias al parecer están buscando espacios para vivir en Tijuana, solo un reducido grupo decidió volver a su lugar de origen.
Para los activistas es incierto si las personas anhelan vivir en la frontera, algunos han manifestado su deseo de esperar a que las políticas de migración en Estados Unidos y volverán a intentar obtener asilo en el país del norte.
Este reacomodo de las familias desplazadas abre también la posibilidad de que estén preparándose para cruzar de forma irregular a los Estados Unidos, situación que favorecería a quienes se dedican al tráfico de personas.
Para nadie es un secreto que las sociedades se benefician cuando personas migrantes deciden quedarse a vivir en ellas, sin embargo, en Tijuana, no hay políticas públicas que favorezcan la integración de las personas desplazadas.
Solo por citar un ejemplo, con datos de 2023, Tijuana se posicionó como una de las ciudades más caras de México en términos de vivienda, con un precio promedio de renta para una casa de 150 metros cuadrados alrededor de 18 mil 235 pesos mensuales.
La industria en la ciudad paga un salario diario de 652 pesos, aproximadamente 19 mil 560 mensuales, otro de los factores que desfavorecen a los desplazados es el costo del transporte público y es que la canasta básica está tasada en mil 231 pesos, una de las más caras del país.
La falta de políticas públicas enfocadas en ayudar a los desplazados para que puedan establecerse en la ciudad contrasta con los discursos de apoyo a quienes puedan ser deportados de los Estados Unidos, si bien la ayuda es pírrica, al menos existe y la promocionan demasiado.
Los efectos de la falta de una estrategia para atender a los desplazados internos, no solo los que llegan a Tijuana, los de todas las ciudades del país podría generar una crisis social, lamentablemente a la autoridad mexicana, esas personas, parece ser, no le interesan en lo más mínimo. Ni en el discurso los recuerdan, menos en las acciones.
