Aprueba Congreso de BC reforma en materia de prescripción
Se detendrá la adjudicación de un bien inmueble cundo haya denuncia penal o cualquier otra interpelación judicial.
Por: RedacciónE32.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 20 DE MARZO DE 2025.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado, aprobó el dictamen que tiene la finalidad de que se interrumpa la prescripción de un bien inmueble, cuando exista una demanda, denuncia penal o cualquier otro género de interpelación judicial, debidamente notificada al poseedor o al deudor.
La prescripción se entiende como el medio de adquirir el dominio de un bien inmueble mediante la posesión pacífica, continua, pública, cierta y en concepto de dueño, pero se logra mediante juicio. La reforma pone candados a la prescripción cuando exista una denuncia penal, demanda o cualquier otro género de interpretación judicial, debidamente notificada.
La Comisión de Justicia enlistó, revisó y votó tres distintos dictámenes, dos de ellos, aunque se consideraron válidos, fueron regresados a comisiones para una mayor valoración y para subsanar algunas inconsistencias. Sólo se aprobó el dictamen 5 de la Reforma al Artículo 1155 del Código Civil, en base a una iniciativa que fue presentada en septiembre del 2024 por el diputado Juan Diego Echavarría Ibarra.
La sesión de trabajo fue efectuada en instalaciones de la Auditoria Superior del Congreso del Estado en la ciudad de Tijuana, en la que participaron los diputados Norma Angélica Peñaloza como presidenta, el inicialista Juan Diego Echavarría Ibarra, Juan Manuel Molina, Araceli Geraldo Núñez, Humberto Valle Ballesteros y Ramón Vázquez Valadez. El dictamen fue aprobado por votación unánime de los diputados presentes.
La Comisión de Justicia, en votación económica también unánime, determinó regresar a comisiones para un mayor análisis, dos iniciativas enlistadas, una de la diputada Daylín García Ruvalcaba para reforma Código Penal del Estado para establecer nuevas medidas de protección a los animales, y la otra de la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, para modificar el Código Civil del Estado, para fijar nuevas disposiciones en favor de los menores cuando estén en medio de un proceso de divorcio de sus padres.
Avala Congreso reforma para digitalizar trámites y reducir burocracia
En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para avalar la Minuta de reforma constitucional que tiene como objetivo digitalizar los trámites gubernamentales y reducir la burocracia en los procesos administrativos.
El diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la JUCOPO, resaltó ante el Pleno la importancia de esta reforma para mejorar la eficiencia gubernamental, combatir la corrupción y garantizar un acceso más equitativo a los servicios públicos.
La reforma modifica los artículos 25 y 73 de la Constitución, con el fin de establecer la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de implementar políticas públicas orientadas en la digitalización y simplificación de trámites.
Además, incluye la adopción de mejores prácticas regulatorias, el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en la administración pública y faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley Nacional en la materia.
Esta medida responde a la necesidad de fortalecer la transparencia, la eficiencia y el acceso equitativo a los servicios gubernamentales.
La digitalización permitirá a los ciudadanos acceder de manera más ágil y sencilla a los servicios públicos, eliminando procesos burocráticos innecesarios y optimizando la relación entre el gobierno y la población.
La digitalización reduce la complejidad de los procesos tanto en el sector público como en el privado, alineándose con acuerdos internacionales que promueven el uso de la tecnología como una herramienta clave para cerrar brechas sociales.
Con la aprobación de este acuerdo, Baja California se suma a las entidades que respaldan este esfuerzo legislativo, el cual busca agilizar los procesos gubernamentales y asegurar un acceso más eficiente y transparente a los servicios públicos.
