SCJN invalida reforma del Congreso de BC sobre portación de armas
La modificación a la Ley de Seguridad Ciudadana se efectuó en el 2023.
Por: Adán Mondragón.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 24 DE MARZO DE 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la portación del arma de cargo para policías de Baja California aún fuera de servicio, modificación a la Ley de Seguridad del estado que se aprobó en septiembre del 2023.
El pleno de la SCJN discutió este día el asunto relacionado con la modificación realizada a los artículos 19 y 46 de la Ley de Seguridad Ciudadana para el estado, por parte del Congreso bajacaliforniano y por el que se aprueba que los policías de la entidad pueden solicitar portar el arma de cargo aún estando fuera de servicio.
A través de un comunicado, la SCJN detalla que la Consejera Jurídica en representación del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional en la que solicitó específicamente la invalidez del referido artículo 46, al considerar que al regular la portación de armas de los servidores públicos que ejercen funciones de seguridad cuando están fuera de servicio, el legislador local se atribuyó facultades que constitucionalmente son exclusivas del Congreso Federal.
En ese sentido, el pleno de la SCJN determinó que, con la adición impugnada, el legislador local impuso una extensión a la permisión de portación de armas de fuego, hacia un contexto ajeno al ejercicio de las funciones de seguridad.
Así, estableció un régimen independiente, en el que se condiciona la autorización para portar armas de fuego fuera del marco regulado por la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, en el que además, se atribuyó la facultad de verificar los requisitos para tal efecto. Tal ejercicio legislativo por disposición Constitucional es materia de la regulación federal.
Finalmente, se estableció que la resolución surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de Baja California.
Controversia constitucional 505/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez del Decreto No. 292 mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 19 y 46 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Baja California.
