Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 06 DE MARZO DE 2025.- Existe una prohibición para que a partir del sábado 29 de marzo en las escuelas de educación básica del país y en los alrededores de estos planteles se vendan alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas.
La intención, y solo la intención, es muy buena pero falta que se dé a conocer la forma en la que la Secretaría de Educación Pública subsanará a los planteles, los ingresos que a través de las cooperativas escolares obtiene cada escuela.
Las últimas cifras del Instituto Nacional de Geografía e Informática refieren que, en Tijuana, funcionan mil 329 escuelas de educación básica divididas en 449 preescolares, 609 primarias y 271 secundarias que atienden en promedio a 274 mil alumnos.
Si partimos de la base de que cada alumno gasta en promedio 20 pesos (y esa es una cantidad conservadora) tenemos que por los 180 días hábiles del calendario escolar existe un negocio de 986 millones 400 mil pesos por ciclo escolar.
La buena intención de la Secretaría de Educación Pública deberá resolver, primero, de que forma reintegrará ese dinero que presuntamente es utilizado por los planteles para mejoras, actividades extracurriculares y otros asuntos.
Además del control de la venta en las llamadas tienditas de la escuela, también deberá promover regulaciones municipales para que los permisos que se entregan a comerciantes formales e informales tengan explicita la prohibición de esos productos.
No es la primera vez que se intenta evitar que los niños y adolescentes que acuden a la escuela, consuman productos ultra procesados y bebidas azucaradas, en todos los casos, el interés comercial superó los buenos propósitos.
Con independencia de la oferta de los productos poco saludables, hasta hoy no conozco una sola campaña para crear conciencia sobre la importancia de que los padres de familia eviten que sus hijos consuman refrescos y golosinas.
Además, esos alimentos que pretenden prohibir son los menos costosos, en la mayoría de los casos son para lo único que les alcanza, una golosina y una soda, resulta más barato que una torta y un vaso de agua de frutas.
Con el proceso inflacionario cada vez es más alto el precio de los insumos para la alimentación en los hogares, por eso resulta muy difícil creer que una simple prohibición pueda detener el consumo de los alimentos no saludables.
Que los negocios cercanos a las escuelas y las cooperativas no los ofrezcan, lo único que generará es un mercado negro de golosinas porque, inspectores, para revisar el entorno de cada plantel no existen, ¡quién sabe cómo planean cuidar que se cumpla esa prohibición!
Faltan estrategias completas, con programas que ayuden a crear el hábito de una buena alimentación porque una simple prohibición en un sistema permisivo en exceso es tiempo y dinero tirados a la basura.
