Congreso aprueba reforma que exige experiencia en designación de fiscales
Lo anterior luego de que la mayoría de los cabildos aprobara la reforma en sus respectivos cabildos.
Por: RedacciónE32.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 01 DE MAYO DE 2025.- El pleno del Congreso del Baja California emitió la declaratoria de incorporación constitucional con la que se exigen nuevos requisitos de experiencia especializada para quienes aspiren a encabezar las fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales.
La declaratoria se emite una vez que la mayoría de los cabildos municipales del estado aprueben la reforma constitucional, cumpliendo así el requisito establecido en el artículo 112 de la Constitución local.
La iniciativa establece que los futuros titulares de dichas fiscalías deberán acreditar no solo título profesional en Derecho, sino también al menos cinco años de experiencia profesional comprobable en los temas específicos de cada instancia: combate a la corrupción y responsabilidades administrativas en el primer caso, y derecho electoral en el segundo.
La modificación busca generar condiciones de igualdad de oportunidades al eliminar restricciones que privilegiaban exclusivamente a perfiles internos de la Fiscalía, permitiendo así la participación de profesionistas con experiencia especializada en los sectores público o privado.
También destaca la importancia de la especialización técnica, con el fin de garantizar que los responsables de dichas fiscalías cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para desempeñar sus funciones con eficacia y enfoque.
Otro de los beneficios señalados es el enriquecimiento institucional, al permitir la incorporación de perspectivas externas al aparato de procuración de justicia, fortaleciendo así las capacidades del sistema con enfoques diversos.
Con esta declaratoria, las personas titulares de las fiscalías especializadas podrán acreditar experiencia en áreas directamente relacionadas con sus funciones, como responsabilidades administrativas, combate a la corrupción o derecho electoral, sin limitarse exclusivamente al ámbito de procuración de justicia.
