Difícil probar operación del “cártel inmobiliario” en BC
Aunque el fenómeno de fraude y despojo de propiedades es cada vez más señalado, los tribunales civiles no investigan y resuelven con base en la documentación presentada de buena fe.
Por: Octavio Fabela Ballinas.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 24 DE MARZO DE 2026.- El fenómeno de un presunto cártel inmobiliario dedicado al fraude y despojo de propiedades sí estaría ocurriendo, aunque resulta complicado acreditarlo legalmente debido a la naturaleza de los procesos, señaló el juez décimo segundo especializado en juicios hipotecarios, Juan Hurtado Díaz.
Explicó que, aunque no puede afirmarse de manera categórica la existencia formal de una organización de este tipo, tampoco se puede negar que se trata de una problemática que ha sido cada vez más mencionada en el ámbito jurídico y social.
Indicó que los tribunales civiles no realizan labores de investigación, ya que su función se limita a analizar las demandas presentadas conforme a los requisitos legales y resolver los asuntos bajo el principio de buena fe procesal.
Detalló que cuando se presenta una demanda acompañada de documentos como contratos de compraventa, certificados de inscripción y levantamientos topográficos, los jueces están obligados a admitirla si cumple con los requisitos formales establecidos por la ley.
Precisó que los funcionarios judiciales no tienen facultades para indagar el origen de los documentos ni las circunstancias previas a los contratos, por lo que desconocen posibles irregularidades que pudieran existir detrás de cada caso.
Señaló que atribuir participación a funcionarios o fedatarios públicos resulta complejo, ya que su actuación se basa en la legalidad de los documentos presentados y en la presunción de buena fe con la que operan los procedimientos judiciales civiles.
De acuerdo con fuentes de Esquina32, algunos denunciantes del sector industrial y comercial están en contra del Ejido Chilpancingo por su aparente vínculo con el llamado “huachicol inmobiliario”. Por ello, lo acusarán de posible fraude procesal, extorsión y otros delitos que resulten aplicables a los ejidatarios y sus abogados, entre ellos Fernando Gómez.
También denunciarán a un magistrado federal en Mexicali, así como al magistrado y al secretario del Tribunal Agrario número 45 en Ensenada, perteneciente a los tribunales colegiados de circuito, quienes fungen como gestores del citado abogado. El nombre será revelado en la denuncia que interpondrán, en la cual demostrarán la forma en que opera el denominado “cártel inmobiliario”.
