Aprueba Congreso de BC tipificar cohabitación forzada de personas
Consideran que dicha práctica constituye actos de violencia o explotación.
Por: RedacciónE32.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 26 DE MARZO DE 2026.- El Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el dictamen que avala las iniciativas de reforma y adición al Código Penal estatal, en materia de cohabitación forzada de persona.
Las iniciativas presentadas por la presentadas por la Red de Mujeres Unidas por Baja California A.C, la diputada Michel Sánchez Allende y el diputado Jaime Cantón Rocha, buscan fortalecer la protección de niños, adolescentes y personas vulnerables, a través de la visibilización de prácticas que, si bien son socialmente percibidas como “normales” o “tradiciones”, en realidad constituyen actos de violencia o explotación.
El Pleno reconoció que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, persisten uniones informales que reproducen condiciones de desigualdad, control y violencia, afectando el desarrollo integral y el proyecto de vida de las víctimas.
La reforma incorpora un nuevo capítulo al Código Penal estatal, para establecer sanciones específicas a quienes cometan el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, establece penas de ocho a quince años de prisión, así como sanciones económicas a quienes incurran en este delito, mismas que se incrementarán en casos donde exista parentesco entre la víctima y el agresor, así como cuando se trate de personas pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas.
La creación de este tipo penal fortalece el principio del interés superior de la niñez y armoniza la legislación local con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.
Los legisladores destacaron que esta reforma también permite cerrar vacíos legales, al reconocer que estas prácticas no siempre implican violencia física inmediata, sino que se configuran mediante procesos de manipulación, coerción o presión sostenida en el tiempo.
Con esta aprobación, el Congreso del Estado avanza en la construcción de un entorno más seguro y justo para las infancias, al establecer herramientas legales claras para prevenir, sancionar y erradicar prácticas que vulneran la dignidad de este sector de la población.
Respaldan reforma que frena “pensiones doradas”
Con el propósito de poner tope a las jubilaciones y evitar las llamadas “pensiones doradas” en las entidades públicas, el Congreso local respaldó la Minuta con proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión, que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir una pensión o jubilación mayor a la mitad de la remuneración prevista para la persona titular del Ejecutivo Federal. El objetivo es preservar el carácter de las pensiones como instrumento de protección social y evitar beneficios individuales excesivos con cargo al erario.
Este cambio se inscribe en el esfuerzo nacional por ordenar el sistema de remuneraciones y pensiones del sector público, impulsado desde el Ejecutivo Federal por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha subrayado la necesidad de garantizar pensiones dignas y evitar privilegios desproporcionados que comprometan el gasto público.
Las y los legisladores del Estado, coincidieron en el Dictamen proveniente del Parlamento Federal, al subrayar que la seguridad social responde a una lógica de solidaridad colectiva y de tutela frente a riesgos socialmente compartidos. Bajo ese razonamiento, las pensiones deben garantizar dignidad y bienestar a las generaciones presentes y futuras, sin convertirse en beneficios individuales desproporcionados.
Asimismo, se precisa que quedan excluidas de este límite las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, las aportaciones sindicales en sistemas complementarios de ahorro y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4º constitucional.
Durante la discusión de la Minuta, las diputaciones acordaron establecer mesas de trabajo con grupos de jubilados del ISSSTECALI, para definir con claridad en las leyes secundarias los alcances de esta reforma federal y garantizar que la armonización estatal no perjudique a quienes reciben su retribución de manera legítima y digna.
Finalmente, se determinó que este nuevo acuerdo será presentado vía Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en próxima sesión, reafirmando la apertura al diálogo ciudadano y el compromiso de la 25 Legislatura con la justicia social y la defensa de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, al tiempo que se pone fin a privilegios desproporcionados en el sistema de pensiones públicas.
