ASF detecta red de presuntas irregularidades por 8,870 mdp en el INE

También incluye a organismos electorales locales, entre ellos el de BC.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó una red de presuntas irregularidades financieras por un monto global de 8 mil 870 millones de pesos en contrataciones realizadas entre 2014 y 2026 en el INE.

El auditor superior de la federación, Aureliano Hernández Palacios, dijo que hallazgos involucran al Instituto Nacional Electoral (INE), a diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a dos grupos empresariales de proveedores.

Del monto total fiscalizado, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a operaciones vinculadas con los organismos electorales. De esta cifra, el INE concentra 430 millones de pesos (11.3%), mientras que los institutos electorales estatales suman 3 mil 363.3 millones de pesos (88.7%).

Entre los organismos locales con mayor volumen de montos facturados por estos grupos empresariales destaca el estado de Baja California, el cual se ubica como la sexta entidad del país con mayor importe acumulado, al registrar 223.3 millones de pesos, Veracruz encabeza la lista con 484.4 millones de pesos.

El informe de inteligencia documentó esquemas de simulación de competencia desleal y subcontratación cruzada, donde la empresa adjudicada en las licitaciones subcontrató a otras firmas del mismo corporativo que participaron dentro del mismo concurso público.

Las auditorías revelaron la existencia de proveedores con registros laborales reducidos o nulos que facturaron cientos de millones de pesos con menos de cinco trabajadores o sin ninguno registrado ante el IMSS, además de comprobantes fiscales por 21.3 millones de pesos vinculados con empresas dedicadas al timbrado de facturas con certificaciones revocadas y firmas suspendidas del padrón de importadores.

La investigación de la ASF contempla la existencia de posibles redes de vínculos entre servidores públicos e integrantes de dichos grupos empresariales, con el fin de promover los procedimientos legales ante las autoridades correspondientes.