Ayuntamientos de BC deben aclarar uso de 455 mdp: ASF
Los municipios no hicieron buen uso de los recursos federales
Por: Adán Mondragón
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 19 DE FEBRERO DE 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que seis de los siete ayuntamientos de Baja California hicieron un uso indebido de recursos públicos, por lo que deberán aclarar el destino de más de 455 millones de pesos del gasto federalizado.
Esto se desprende de los informes individuales de la Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2024, en los que se advierte que los gobiernos municipales no comprobaron, o lo hicieron de manera parcial, la correcta aplicación de los recursos.
El gobierno de Mexicali concentra la mayor cantidad de observaciones: la ASF determinó que 157.6 millones de pesos están pendientes de aclaración. El periodo de análisis corresponde a la gestión de Norma Alicia Bustamante Martínez, quien fue reelecta y actualmente funge como alcaldesa de Mexicali.
Ensenada ocupa el segundo lugar en montos observados, con 120.2 millones de pesos por aclarar. Estas irregularidades corresponden a la administración de Armando Ayala Robles, hoy senador de la República.
El recién creado municipio de San Felipe también figura en el informe, con más de 91.4 millones de pesos pendientes de justificar.
En Playas de Rosarito, durante el último año de gestión de la morenista Hilda Araceli Brown Figueredo (actual diputada federal) se detectaron irregularidades por 64.3 millones de pesos.
En Tecate, las observaciones derivaron en 13.7 millones de pesos por aclarar, correspondientes al último año de la administración de Edgar Darío Benítez Ruiz.
El primer ayuntamiento de San Quintín presenta montos por aclarar que rondan los 7.5 millones de pesos. En contraste, el gobierno de Tijuana recibió seis observaciones en su informe, mismas que fueron solventadas durante la revisión.
Las irregularidades detectadas incluyen contratos de obra otorgados a empresas de reciente creación, adjudicaciones directas que debieron realizarse mediante licitación pública, así como la falta de evidencia técnica que respalde la ejecución real de las obras, entre otros señalamientos.
