BC fuera del “top 10” del Índice de Competitividad 2025
La entidad se ubica en el lugar 12 pese a que subió tres lugares respecto al 2024.
Por: Adán Mondragón.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 10 DE JUNIO DE 2025.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reveló que Baja California se encuentra fuera del “top 10” de entidades más atractivas para la captación de inversiones en el país, según el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2025.
En la medición (ICE 2025) realizada por el IMCO, esta entidad fronteriza aparece en el décimo segundo lugar nacional, tres lugares más arriba que en el ICE del 2024.
Entre los principales desafíos que enfrenta la entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila, se encuentra la alta incidencia delictiva y las brechas de informalidad por género.
De los indicadores en los que Baja California aparece en los últimos lugares están: homicidios con una tasa de homicidios de 52.2, robo de vehículos con una tasa de 6.2, incidencia delictiva con una tasa de 26.4, por cada 100 mil habitantes.
Otro de los factores en contra es la participación ciudadana con 38% de votos emitidos como porcentaje de la lista nominal, en este rubro es el último lugar nacional.
También tuvo una baja puntuación en deuda estatal y de organismos estatales con 25% de los ingresos totales.
En la evaluación de mercado de trabajo, Baja California tiene una puntuación de -1.6% en el rubro de crecimiento de puestos de trabajo en el IMSS, lo que posiciona a la entidad en el lugar 29 nacional.
En el ranking de informalidad laboral aparece en el quinto sitio con el 36 %, en cuanto al ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo es de 14 mil 771 pesos esto ubica al estado en tercer lugar nacional.
En este ranking la Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes aparecen en los primeros cinco lugares con una competitividad muy alta, alta y media alta.
De acuerdo con el IMCO el (ICE) 2025 presenta un diagnóstico preciso y oportuno que refleja las condiciones de cada entidad para facilitar la toma de decisiones de política pública basadas en evidencia que les permita capitalizar la implementación del Plan México.
