CCE Tijuana pide respetar autonomía en reforma catastral
La reforma catastral nacional, orientada a modernizar y homologar los registros públicos de la propiedad en el país, detonó advertencias del sector productivo local por posibles incrementos en costos administrativos, trabas operativas, disputas de tenencia y eventuales repercusiones fiscales para ciudadanos e industrias.
El proyecto de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, avalado el pasado 7 de octubre en la Cámara de Diputados federal, busca homologar criterios técnicos y crear herramientas digitales de identificación predial.
Ante dicha minuta, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Roberto Lyle Fritch, fijó postura sobre los alcances de la iniciativa.
“Consideramos positivo que se busque modernizar los registros y contar con información más precisa sobre las propiedades, pero es fundamental que esta homologación respete las atribuciones de estados y municipios, además de garantizar que los propietarios no enfrenten problemas por errores o inconsistencias en las bases de datos”, señaló.
El dirigente empresarial explicó que la propuesta contempla una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral, mediante las cuales se pretende concentrar información física y jurídica de los predios.
No obstante, puntualizó que la digitalización no sustituye las escrituras ni los procedimientos necesarios para regularizar inmuebles con problemas de titularidad, sucesiones pendientes o documentación incompleta.
Uno de los mayores retos radicará en la disparidad tecnológica y de capacidad administrativa entre los ayuntamientos para adoptar el sistema.
El desfase entre dependencias municipales y estatales podría propiciar gastos extras por actualización de papeles, frenar transacciones inmobiliarias y abrir la puerta a controversias legales sobre el patrimonio privado.
En el renglón tributario, Lyle Fritch precisó que la propuesta legislativa no crea nuevos gravámenes ni incrementos directos al impuesto predial. Sin embargo, la recalibración de superficies, obras y usos de suelo podría provocar revisiones a los valores catastrales con efectos económicos indirectos para los dueños.
“Lo que se está planteando es homologar la información, algo similar a una CURP para los inmuebles, pero no modificar automáticamente las facultades de los municipios; cualquier cambio que pretenda alterar esas atribuciones tendría que revisarse desde el ámbito constitucional, porque los estados y ayuntamientos tienen competencias propias”, subrayó.
El presidente del CCE tijuanense concluyó que mantendrán la lupa sobre la evolución del dictamen en el Congreso para vigilar sus repercusiones en costos corporativos, certeza de la tierra y valuaciones, con el fin de que las mejoras tecnológicas no se traduzcan en cargas onerosas ni atropellos a la soberanía municipal.
