Competitividad urbana de Tijuana cae diez lugares en el IMCO
La competitividad urbana de Tijuana registró un desplome de diez posiciones entre 2018 y 2026, ubicando al municipio en el penúltimo lugar del ranking de metrópolis con más de un millón de habitantes que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El balance fue revisado por organismos empresariales y directivos del instituto durante una sesión de trabajo convocada para evaluar las condiciones locales de atracción de inversiones y habitabilidad.
De acuerdo con el desglose del índice, la ciudad ocupa el peldaño 20 de 21 urbes analizadas en los rubros de Sociedad y Medio Ambiente, mientras que en Estado de derecho se colocó en la posición 19, en Infraestructura en la 18, y en los indicadores de Innovación, Economía y Desempeño Político cayó al puesto 16.
“Los resultados deben preocuparnos, pero sobre todo deben ocuparnos; Tijuana se encuentra actualmente en la posición 20 de 21 ciudades de más de un millón de habitantes y, para una ciudad con nuestra importancia económica, industrial y geopolítica, este resultado no es aceptable”, señaló Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana.
El deterioro más pronunciado ocurrió en infraestructura urbana, donde la localidad pasó de la casilla 11 en 2024 al lugar 18 en 2026, sumado a la persistencia de focos rojos por homicidios y robo de vehículos.
Pese a los retrocesos estructurales, la frontera retuvo indicadores favorables en materia de empleo, posicionándose en cuarto lugar nacional en concentración de empresas con más de 50 trabajadores y en quinto puesto respecto al nivel salarial promedio en jornadas completas.
“Este estudio no debe quedarse en un ranking ni convertirse en un ejercicio para repartir culpas, sino que debe transformarse en una agenda de competitividad para Tijuana, con compromisos, indicadores y resultados que podamos medir”, apuntó el presidente del CCE.
Ante las cifras desfavorables, el sector patronal planteó una mesa de trabajo con autoridades gubernamentales, universidades y sociedad civil estructurada en seis temas: abasto de agua y energía, movilidad, certeza jurídica, retención laboral, seguridad pública y eficiencia administrativa para revertir la caída en mediciones futuras.
