Congreso aprueba reforma para derechos de los adultos mayores

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
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El pleno del Congreso del Estado aprobó reformas clave para garantizar los derechos de los adultos mayores en la entidad, modificando la legislación local para frenar de manera directa el maltrato, la explotación laboral y la coacción física o psicológica que sufren los ancianos dentro de su propio núcleo familiar.

A través del dictamen 17 de la Comisión de Bienestar, presentado originalmente por los diputados Adriana Padilla Mendoza y Ramón Vázquez Valadez, los legisladores locales detectaron un vacío legal que dejaba desprotegidos a los abuelos frente a sus parientes directos, quienes legalmente son sus primeros obligados de asistencia y cuidado.

Nuevas prohibiciones para proteger los derechos de los adultos mayores

Con este cambio al artículo 29 de la ley estatal, el marco jurídico ahora detalla conductas específicas que antes quedaban a la libre interpretación. La reforma añade con total claridad que la familia tiene prohibido cometer actos de coacción o someter a trabajos forzados a los ancianos.

La modificación busca visibilizar una realidad constante en las comunidades fronterizas, donde en ocasiones se vulnera la dignidad de este sector al obligarlos a realizar actividades que merman su salud o a entregar sus apoyos económicos bajo amenazas veladas. Al armonizar la norma con la Constitución Mexicana, se dota a las fiscalías y juzgados de herramientas más claras para intervenir cuando se reporten abusos dentro de los hogares de la región.

Esta reforma a favor de los derechos de los adultos mayores responde a los estándares internacionales de derechos humanos. Ya no se trata solo de una recomendación moral, sino de una obligación legal punible para los parientes que descuiden o exploten a sus mayores.

Al incluir términos específicos como “coacción” y “trabajo forzado” en una legislación especializada, las denuncias ciudadanas y vecinales tendrán mayor peso jurídico. Esto abre la puerta a que las autoridades actúen de manera preventiva antes de que el maltrato escale a daños físicos irreversibles.

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