Diputados aprueban reformas para protección de menores en BC
Por: Redacción E32
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.- Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, encabezada por la diputada Michelle Tejeda, aprobó de manera unánime cuatro proyectos orientados a fortalecer la protección integral de la infancia, facilitar el acceso laboral de las juventudes y reconocer los derechos de las personas adultas mayores.
En primer lugar, se presentó un proyecto conjunto de las diputadas Araceli Geraldo y Ramón Vázquez, quienes coincidieron en la necesidad de atender las nuevas formas de violencia digital que afectan a niñas, niños y adolescentes. La propuesta plantea reformas a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
Con esta iniciativa se establece en la ley el derecho explícito de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de agresiones en el entorno digital y de aquellas vinculadas al uso de inteligencia artificial. Asimismo, se obliga a las autoridades a implementar medidas para prevenir y combatir estas conductas dentro de sus competencias.
Posteriormente, se dictaminó la propuesta de la diputada Gloria Miramontes, cuyo objetivo es garantizar que las personas adultas mayores tengan acceso a actividades culturales que fortalezcan su bienestar físico, emocional y cognitivo. Para ello, se plantea incorporar a la Secretaría de Cultura en la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores.
En continuidad con los trabajos de la sesión, se aprobó la iniciativa de la diputada Mayola Gaona para reformar la Ley de la Juventud del Estado. Esta busca reforzar las acciones que permitan a las juventudes contar con condiciones estructurales que faciliten su acceso al primer empleo, promoviendo mecanismos que impulsen su inserción laboral y desarrollo profesional.
Finalmente, se avaló la propuesta de la diputada Angélica Peñaloza, que modifica el artículo 15 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de asegurar que quienes se encuentren en situación de orfandad tengan acceso prioritario a los programas de desarrollo social del Estado.
En la sesión participaron, además de la diputada presidenta, las legisladoras Dunnia Murillo, Julia González, Mayola Gaona, Adriana Padilla y Angélica Peñaloza.
Reprueban diputados actitud del secretario de Economía
La Junta de Coordinación Política, a nombre de las 25 diputaciones integrantes, reprueba la actitud mostrada durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía e Innovación Kurt Ignacio Honold Morales, ante la Comisión de Desarrollo Económico, durante el desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas que exige respeto, claridad y disposición plena a responder.
Correspondió a la diputada Daylín García Ruvalcaba, dar lectura al posicionamiento, quien subrayó que este ejercicio, elemento esencial para la transparencia y la rendición de cuentas, fue desvirtuado por la negativa del funcionario a responder diversos cuestionamientos formulados por esta representación popular.
El Acuerdo de la JUCOPO señala que el Congreso del Estado es la casa del pueblo bajacaliforniano, espacio donde se analiza, se cuestiona y se revisa el ejercicio gubernamental con base en la Constitución y las leyes.
Asimismo, destaca que es obligación de cualquier titular del Poder Ejecutivo o dependencia estatal conducirse con respeto, claridad y seriedad, especialmente frente a las y los representantes de la ciudadanía, pues la comparecencia no es un trámite sino un deber constitucional y una responsabilidad pública.
Los funcionarios del Gobierno del Estado deben conducirse con respeto, altura institucional y disposición plena a responder. “En este Poder Legislativo no se van a normalizar ni permitir desplantes, evasivas o actitudes que vulneren la esencia democrática de la rendición de cuentas. La ciudadanía exige y merece claridad, respeto y sensibilidad”, enfatizó la legisladora.
Ante lo ocurrido, la JUCOPO hace un llamado respetuoso pero firme a que este tipo de conductas no se repitan, y a que en futuras comparecencias prevalezca la seriedad, el profesionalismo y la plena apertura al diálogo institucional.
El Congreso del Estado seguirá cumpliendo con su función de supervisión, vigilancia y análisis riguroso de la administración pública, siempre en respeto a la ley y al interés superior de Baja California.
Designan a integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda
En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la designación de las nueve personas que integrarán el Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, en cumplimiento a la normativa federal y estatal en materia de desaparición y búsqueda de personas, así como a la convocatoria emitida por la 25 Legislatura.
Por el grupo de familiares de personas desaparecidas, fueron designadas María Teresa Figueroa Chacón, de la Organización Armadillos Rastreadores Ensenada, y Raúl Cornejo Carbajal, del grupo civil Enlace y Restauración, quienes ejercerán su encargo por un periodo de tres años. Asimismo, Mónica Gabriela Mariscal Rodríguez, del colectivo Madres Hasta Encontrarte Tecate; Eddy Carrillo Lepe, del colectivo Todos Somos Erick Carrillo; e Irma Leyva Sosa, del colectivo Madres Unidas y Fuertes, desempeñarán sus funciones por un periodo de un año.
En el apartado de especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, se nombró a: Antonio Irán Muñoz Lara, especialista en medicina legal y criminalística, por un periodo de 3 años, y a Adriana Jaén Manuel, especialista en análisis de la desaparición de personas, atención a víctimas desde un enfoque psicosocial y defensa de los derechos humanos, por el lapso de 2 años.
Por parte de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos, quedaron seleccionados Elizabeth Nataly Rosas Rábago y José Luis Pérez Canchola, ambos integrantes de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., la primera ejercerá sus funciones durante tres años, mientras que el segundo lo hará por un periodo de dos años.
Todas las personas designadas desempeñarán su labor de manera honorífica, sin recibir pago alguno, y durante su encargo no podrán ocupar puestos en el servicio público.
Cabe recordar que la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, llevó a cabo la revisión de documentos y entrevistas de las personas aspirantes, tras dicho proceso, se concluyó que todas cumplían con los requisitos de elegibilidad e idoneidad.
