Comisión de Hacienda del Congreso aprueba cuatro dictámenes
Uno de ellos refiere a destinar predios para servicios de salud.
Por: RedacciónE32.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 20 DE AGOSTO DE 2025.- En la más reciente sesión, el Pleno del Congreso de Baja California aprobó cuatro dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
En primer término, fueron aprobados por veintitrés votos a favor, cero en contra y una abstención (Yohana H. Gilvaja), el proyecto de Dictamen No. 77 de la Iniciativa de Decreto para Desincorporar del Patrimonio del Dominio Público del Estado, e Incorporar al Patrimonio del Dominio Privado del mismo, un predio en Ensenada, propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA), para el desarrollo de infraestructura deportiva.
Para esta Administración Pública, ha sido prioridad procurar la creación y recuperación de espacios verdes y deportivos, con el propósito de que todas las personas puedan disfrutar de tiempo de calidad junto a sus seres queridos, jugar, practicar deportes y mantenerse activas, aspectos que conllevan a una buena salud, bienestar y una mejor condición de vida.
Luego fue avalado por veintiún votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Dictamen No. 78 de la Iniciativa de Decreto para Desincorporar del Patrimonio de Dominio Público del Estado e Incorporar al Patrimonio del Dominio Privado del mismo, un predio identificado como lote destinado para el Hospital General, M-28 de la Col. Zona Rio Tijuana, para su enajenación a título gratuito en favor de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.
Para garantizar el acceso eficiente a servicios de salud de calidad, Baja California implementa una política integral que incluye estrategias de prevención y promoción de la salud, especialmente dirigidas a los sectores vulnerables, con el fin de reducir riesgos y atender padecimientos de alta morbilidad y mortalidad.
Fue aprobado también, por veintitrés votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Dictamen No. 80, que modifica los artículos segundo y cuarto y adiciona un artículo quinto, al Decreto 94 de la XVIII Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 19 de agosto de 2005, y se ratifica en su totalidad el contenido y validez de los demás artículos, los cuales permanecen vigentes para todos los efectos legales correspondientes, siendo la inicialista la gobernadora del Estado Marina del Pilar Avila Olmeda.
Por veintiún votos a favor, tres en contra (Gaona, Corral, Echevarría) y una abstención (Yohana H. Gilvaja), se aprobó el Dictamen No 81 de la solicitud de autorización de la Fiscalía General del Estado, para efectuar ampliación de partidas presupuestales, a fin de ampliar recursos presupuestales en diversas partidas, con objeto de llevar a cabo proyecto de nivelación salarial del personal adscrito al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano del Estado (C5).
Así como para el proyecto integral de mejora del C5, donde se contempla el suministro, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación, para el fortalecimiento de la Red Estatal de Radiocomunicaciones Tetrapol de Baja California.

Congreso aprueba reformas de Transparencia Judicial y Documental
El Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que reúne dos iniciativas orientadas a reforzar el derecho de acceso a la información pública.
Las propuestas fueron presentadas por los diputados Juan Diego Echevarría Ibarra y Juan Manuel Molina García, y dictaminadas en un solo proyecto por compartir una misma visión legislativa.
La propuesta del diputado Echeverría establece la incorporación del artículo 109 BIS, que precisa los supuestos bajo los cuales los documentos clasificados como reservados deberán ser desclasificados.
Esta reforma armoniza los procedimientos locales con los criterios previstos en la legislación federal, evitando vacíos normativos o interpretaciones contradictorias que pudieran vulnerar el derecho fundamental de acceso a la información.
Con ello, se refuerzan los principios de certeza jurídica y máxima publicidad, al establecerse de manera específica los plazos y condiciones aplicables para la desclasificación de información previamente reservada.
Por su parte, el diputado Molina García impulsó la reforma al inciso g) del artículo 83, con el objetivo de establecer como obligación que todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado sean públicas.
Esta modificación responde al decreto federal publicado el 13 de agosto de 2020, que exige la publicación y actualización de versiones públicas de todas las resoluciones judiciales.
La reforma contribuye a la coherencia normativa entre disposiciones locales y generales, promoviendo el escrutinio ciudadano sobre el actuar de los órganos jurisdiccionales.
En ese sentido los artículos reformados son el 83 y el 108, además de la adición del artículo 109 BIS a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.



