Congreso de BC avala nacionalidad mexicana única para gobernar
Nacionalidad mexicana única para gobernar fue avalada por la actual Legislatura del Congreso de Baja California al aprobar por mayoría la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen, remitido por el Congreso de la Unión a partir de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece como requisito obligatorio la exclusividad de ciudadanía para quienes encabecen los Poderes Ejecutivos tanto a nivel federal como en las entidades federativas.
Alcances de la reforma sobre nacionalidad mexicana única
El proyecto, desahogado ante el Pleno con dispensa de trámite mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, modifica y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna federal.
Estas modificaciones aplican de manera directa sobre las condiciones de elegibilidad para la Presidencia del país, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Bajo este nuevo esquema legal, los aspirantes deben ser mexicanos por nacimiento, en pleno goce de sus derechos e hijos de madre o padre mexicanos.
El punto central radica en que no podrán poseer ni tramitar ninguna otra nacionalidad; si cuentan con una segunda ciudadanía, estarán obligados a renunciar a ella de forma legal antes de solicitar formalmente su registro como candidatos.
De acuerdo con los artículos transitorios, este mandato comenzará a operar formalmente a partir del proceso electoral de 2028.
Criterios de la nacionalidad mexicana única en funciones
La restricción no concluye con la obtención de la constancia de mayoría. El texto estipula que, durante el periodo del encargo constitucional, los titulares de estos mandos no podrán solicitar otra ciudadanía ni invocar protecciones o derechos extranjeros frente a autoridades de otros países.
La justificación de la minuta sostiene que el ejercicio de gobernar demanda responder con lealtad total a la soberanía del país.
La intervención del Congreso local atiende al mecanismo fijado en el artículo 135 constitucional, el cual exige el voto de la mayoría de las legislaturas estatales para validar modificaciones a la ley fundamental del país. Con este voto favorable, Baja California suma su postura al cómputo nacional requerido para que la disposición alcance declaratoria de validez oficial.
