Congreso incorpora concepto de daño patrimonial
El Congreso del Estado aprobó dos dictámenes para reformar leyes en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, además incorporó el concepto de daño patrimonial.
Ambos dictámenes pertenecen a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público y atienden iniciativas presentadas por la diputada Alejandra María Ang Hernández.
El objetivo central radica en consolidar el marco jurídico relativo a transparencia, rendición de cuentas y combate frontal contra la corrupción.
Esta aprobación fortalece la normativa que regula la revisión del gasto y favorece una mayor eficiencia en las dependencias públicas de la entidad.
Asimismo, consolida mecanismos que protegen el patrimonio gubernamental e impulsan una mayor vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del erario.
La primera reforma aprobada impacta directamente a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios.
Dicho cambio moderniza integralmente los procedimientos operativos correspondientes a la fiscalización superior en todos los municipios bajacalifornianos.
Entre las adecuaciones destaca el uso formal de herramientas electrónicas para realizar notificaciones y actuaciones derivadas de auditorías oficiales.
También se fortalecen las atribuciones de investigación con las que cuenta la Auditoría Superior del Estado en el ámbito público.
La dependencia podrá iniciar indagatorias de oficio o a través de denuncias presentadas por la ciudadanía.
Estas medidas permitirán atender oportunamente presuntas irregularidades administrativas en el manejo de recursos gubernamentales.
La segunda iniciativa aprobada reforma disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria junto con la ley de rendición de cuentas estatal.
Esta armonización alinea la normativa local con recientes disposiciones legales sobre control gubernamental y disciplina financiera.
El texto integra formalmente el concepto de daño patrimonial en beneficio de los procesos de auditoría vigentes.
Además, actualiza referencias institucionales y fortalece la certeza jurídica dentro de los procedimientos de la Cuenta Pública.
Las adecuaciones técnicas permitirán una medición más rigurosa del desempeño y de la presentación de informes financieros oficiales.
La diputada Alejandra María Ang Hernández subrayó que ambas modificaciones responden a la necesidad de mantener actualizado el sistema de fiscalización estatal y de dotar a las instituciones encargadas de la vigilancia de los recursos públicos de herramientas jurídicas más eficaces, modernas y acordes con las mejores prácticas en materia de control, transparencia y rendición de cuentas.
Con estos ajustes, la fiscalización en Baja California contará con mejores instrumentos para sancionar desvíos y promover la transparencia.
