Congreso inicia capacitaciones como parte de la Ley Daryela
Las capacitaciones son realizadas en materia de género.
Por: RedacciónE32.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 27 DE FEBRERO DE 2026.- En el marco del Día Naranja, que se conmemora el 25 de cada mes para visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, el Congreso del Estado realizó la primera capacitación en materia de género dirigida a las diputaciones en cumplimiento de la Ley Daryela.
La convocatoria fue emitida por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California e inicialista de esta Ley, el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Baja California, Patricia Ochoa Valle.
Con esta primera capacitación, el Congreso de Baja California consolida un paso institucional hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres y el fortalecimiento de una función pública con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
La capacitación estuvo a cargo de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de Baja California, con el objetivo de fortalecer las herramientas para incorporar la perspectiva de género en los procesos legislativos y consolidar al derecho como un instrumento efectivo de transformación social para el empoderamiento de las mujeres.
Los principales objetivos del curso son: incorporar la perspectiva de género en la elaboración de iniciativas, en el proceso de dictaminación y de discusión; dar a conocer el marco jurídico internacional en materia de género y derechos humanos de las mujeres; así como identificar y aplicar los enfoques que constituyen a la perspectiva de género en la normatividad.
Con esta acción, el Poder Legislativo refrenda su compromiso con la congruencia institucional, al cumplir con la Ley que aprobó y se envía un mensaje claro: la obligación de formarse en perspectiva de género aplica para todas las personas servidoras públicas, sin distinción de cargo o jerarquía.
De acuerdo con la Ley Daryela, a partir del 8 de febrero de 2026 la capacitación en esta materia es obligatoria para todas las personas funcionarias públicas, por lo que el incumplimiento puede derivar en sanciones como la inhabilitación hasta por un año y la imposibilidad de ser promovidas a cargos superiores.
Aprueban reforma para sancionar violencia económica y patrimonial contra mujeres
El Congreso local aprobó la iniciativa del diputado Ramón Vázquez Valadez, cuyo objetivo es visibilizar y sancionar la violencia económica y patrimonial contra las mujeres, mediante la reforma al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con esta modificación se reconoce y sanciona la violencia económica y patrimonial como formas de agresión que afectan de manera cotidiana a un gran número de mujeres, tanto en el ámbito familiar como en el laboral.
En la exposición de motivos el diputado inicialista Ramón Vázquez Valadez declaró que la violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos, con consecuencias físicas, psicológicas y económicas que limitan su participación plena y en igualdad dentro de la sociedad.
La violencia económica se manifiesta cuando se restringe o impide el acceso de las mujeres a recursos, empleo remunerado o independencia financiera, afectando directamente su autonomía y capacidad de decisión. Esta forma de violencia puede presentarse en el entorno familiar, al imponer la obligación de trabajar en negocios sin recibir remuneración, bajo argumentos de apoyo natural o responsabilidad moral.
“Una de las manifestaciones más comunes ocurre cuando se obliga a las mujeres a trabajar sin recibir remuneración, bajo el argumento de que su labor representa un ‘apoyo natural’ o una ‘obligación moral’. Esta práctica vulnera su derecho a percibir ingresos propios, construir un historial laboral y acceder a prestaciones sociales o a una pensión”, explicó Ramón Vázquez.
A través de esta reforma se considera violencia económica la prohibición, impedimento, limitación o condicionamiento, de parte de la pareja para trabajar, además, de la obligatoriedad de trabajar, en un negocio familiar, sin remuneración económica alguna.
El Congreso del Estado reafirma su compromiso de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres de Baja California, avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y digna.
