Congreso rechaza cuenta pública 2024 de IMMUJER Tecate

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
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Las cuentas públicas 2024 correspondientes a 15 entes estatales y municipales fueron votadas por el Pleno del Congreso de Baja California, dejando como saldo 14 aprobaciones y un revés financiero directo para el Instituto Municipal de la Mujer de Tecate (IMMUJER).

El paquete de dictámenes, remitido por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que encabeza la diputada Alejandra María Ang Hernández, comprendió las auditorías al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Los legisladores respaldaron en su totalidad las conclusiones técnicas elaboradas previamente en comisiones.

En el bloque de organismos que lograron librar la fiscalización del Pleno se incluyeron dependencias de procuración de justicia, educación superior e institutos locales.

Entre los que consiguieron dictamen favorable figuran la Fiscalía General del Estado, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, el Instituto de Transparencia (ITAIPBC) y la Universidad Intercultural de Baja California.

Asimismo, pasaron la revisión las finanzas del Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario, el Instituto de la Mujer para el Estado y sus contrapartes municipales de Mexicali, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito, el IMAC de Ensenada, el Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación de Ensenada, el Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali y el Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito.

El único dictamen en sentido no aprobatorio recayó sobre la paramunicipal tecatense, luego de que los informes de auditoría revelaron hallazgos e inconsistencias en la comprobación del gasto que no pudieron ser solventados durante el proceso de análisis documental.

La determinación tomada por el Pleno legislativo no frena las investigaciones administrativas ni los procedimientos resarcitorios que tiene en curso la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), instancia que continuará con las acciones legales y promociones de responsabilidad administrativa sobre los expedientes observados en Tecate.

Pide Congreso transparencia sobre apoyos a organizaciones

El Pleno del Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Bienestar y al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California, para transparentar los criterios aplicados para entregar recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil.

A propuesta de la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, el acuerdo parlamentario busca desglosar las reglas administrativas y presupuestales con las que el gobierno estatal selecciona a las agrupaciones beneficiadas y fiscaliza el gasto ejercido.

La solicitud exige que la dependencia estatal publique de forma accesible el Catálogo Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil 2026, detallando cuántas asociaciones se encuentran registradas, su distribución geográfica por municipio y su giro social.

Asimismo, la dependencia deberá reportar qué asociaciones obtuvieron transferencias financieras directas, las cifras autorizadas, los plazos de entrega, los programas correspondientes y la justificación técnica de cada subsidio.

Uno de los puntos clave del exhorto se enfoca en el Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social, órgano colegiado que mantiene suspendidas sus sesiones formales desde el año 2020.

Debido a este freno institucional, la legislatura solicitó aclarar bajo qué sustento normativo se han estado dispersando las partidas presupuestales en ausencia del órgano facultado por ley.

La promovente argumentó que documentar estos esquemas blinda a los propios colectivos frente a señalamientos y evita el manejo discrecional de los recursos orientados a sectores vulnerables:

“La proposición parte de la relevancia que tienen estas organizaciones en la atención de personas en situación de vulnerabilidad, mediante acciones de asistencia social, protección de niñas, niños y adolescentes, atención a personas con discapacidad y adultos mayores, prevención de adicciones, salud, migración, medio ambiente y desarrollo comunitario, entre otros ámbitos”, abundó.

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