Continúa integración del Órgano de Consulta de la Comisión Local de Búsqueda

El próximo lunes 17 de noviembre se realizarán las entrevistas a las personas aspirantes a integrarlo.

Por: RedacciónE32.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.- Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales acordaron en sesión avanzar en el proceso de integración del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

En la sesión establecieron la fecha para la realización de entrevistas a las trece personas aspirantes, como parte del procedimiento legislativo previsto.

En el transcurso de la sesión, se presentó el documento correspondiente, el cual señala las bases jurídicas y procedimentales que incluyó la convocatoria para elegir a nueve integrantes del Consejo, conforme al acuerdo parlamentario aprobado por el Pleno el 31 de julio del año en curso.

El Consejo estará conformado por cinco personas familiares de personas desaparecidas en el Estado, dos personas especialistas en derechos humanos, investigación de delitos relacionados con desaparición y, al menos una, con experiencia en materia forense, así como dos personas representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos.

En cumplimiento a lo anterior, la Comisión recibió solicitudes de personas y organizaciones, algunas postuladas en más de una categoría. Entre las personas familiares de personas desaparecidas se encuentran Milagros Alejandra Galaviz Ríos, Irma Leyva Sosa, Eddy Carrillo Lepe, Mónica Gabriela Mariscal Rodríguez, María Emilia Morales Arroyo, Raúl Cornejo Carbajal y María Teresa Figueroa Chacón, representantes de diversos colectivos y grupos civiles.

Como especialistas en derechos humanos y búsqueda de personas, se registraron Antonio Irán Muñoz Lara, José Luis Pérez Canchola, Ernesto Moreno Almaraz y Adriana Jaén Manuel. En la categoría de representantes de organizaciones civiles en materia de Derechos Humanos, se postularon José Luis Pérez Canchola, Renata Demichelis Ávila y Elizabeth Nataly Rosas Rábago.

A sugerencia del diputado Juan Manuel Molina, se estableció que el día 17 de noviembre de 2025 a partir de las 09:00hrs, se llevará a cabo una sesión de la Comisión de Gobernación para realizar las entrevistas a las personas candidatas, y con ello continuar el proceso hasta su eventual designación por Pleno.

Proponen crear un tipo penal que sancione violencia contra periodistas en BC

El diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros propuso crear un tipo penal autónomo que sancione todas las formas de violencia contra periodistas, desde las amenazas e intimidaciones hasta las lesiones y los homicidios, cuando estos se cometan en razón del ejercicio de su profesión o como consecuencia de ella.

“No se trata únicamente de salvaguardar la integridad de un grupo profesional, sino de defender el derecho de toda la sociedad a estar informada y a expresarse libremente”, enfatizó el Legislador del Partido Revolucionario Institucional.

En su posicionamiento relativo a su iniciativa que adiciona el artículo 147 Bis y la fracción XVIII al artículo 293 del Código Penal, subrayó que cada vez que un periodista es agredido o asesinado, no solo se atenta contra una persona, sino contra la verdad, la justicia y la voz ciudadana.

Agregó que, en Baja California no se puede permitir que la impunidad siga siendo la respuesta a la violencia contra la prensa, “nuestro deber como legisladores es enviar un mensaje contundente: quien atente contra un periodista, enfrentará la fuerza de la ley y el repudio de la sociedad”.

Luego se refirió a la preocupante ola de violencia contra periodistas en el Estado, citando los casos de: Lourdes Maldonado en Tijuana o los ataques a comunicadores como: Jorge Heras, Cristian Torres, Tiffany Abish y Vicente Guerra.

Destacó que esta reforma, tiene un objetivo claro: colocar en el centro de la acción penal, la protección de la libertad de expresión y del derecho a la información, reconociendo que agredir a un periodista, es agredir a la democracia misma.

La propuesta también se alinea con las recomendaciones internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, que han llamado reiteradamente a los Estados, a adoptar medidas legislativas eficaces para prevenir, investigar y sancionar los delitos contra periodistas.