Corrupción solapada por Bonilla

La corrupción que ahora dice el gobernador Bonilla no había visto, le sirvió también para atacar desde las instituciones

Octavio Fabela Ballinas

TIJUANA, BC A 16 DE JUNIO 2021.- El gobernador Jaime Bonilla reconoció la mañana del 15 de junio que el ex titular de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios, David Gutiérrez Inzunza encabezaba una red de corrupción en el Gobierno del Estado. El funcionario señalado había sido separado del cargo un mes antes, el 14 de mayo, según lo anunció el secretario de salud Alonso Pérez Rico.

El 4 de noviembre de 2019, cuando rindió protesta como comisionado contra Riesgos Sanitarios en la Jurisdicción Sanitaria e Tijuana, Tecate y Rosarito, el señor Gutiérrez Inzunza reconoció que asumía el cargo gracias a su amistad con el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez y el secretario Pérez Rico, a quienes les agradeció considerarlo, sobre todo por su edad y porque en algún tiempo fue cesado de manera injustificada de sus funciones junto a otros servidores públicos.

Llama la atención que al señor Gutiérrez Inzunza ahora se le señale de corrupto cuando fue él, a través de la dependencia que encabezaba, quien se convirtió en el brazo ejecutor del gobierno estatal para literalmente obligar a empresarios a pagar las cuentas que resultaban luego de las cuestionables auditorías que realiza la empresa Fisamex.

La ruta para la extorsión desde el gobierno de Jaime Bonilla era simple, primero Fisamex auditaba y siempre existía un saldo a pagar, después la Comisión Estatal de Servicios Públicos cortaba el suministro de agua y finalmente llegaba el equipo de Gutiérrez Inzunza y lo que era un asunto administrativo terminaba en un riesgo para la salud.

Con esta mecánica y lanzando sus acostumbradas bravatas el gobernador Jaime Bonilla intentó cerrar el Aeropuerto de Tijuana, acusó a contrarios políticos como Jorge Hank de no pagar agua y amagó con expropiar el hipódromo de Agua Caliente; le sacó provecho a la Coepris hasta que al señor Inzunza le latió su corazón priísta de toda la vida y apoyó una candidatura ajena a la de la señora Marina del Pilar.

La corrupción que ahora dice el gobernador Bonilla no había visto, le sirvió también para atacar al ex alcalde de Tijuana a quien acusaba de permitir la operación de giros negros principalmente en la Zona Norte de Tijuana durante la etapa más álgida de la pandemia, pero era la dependencia a cargo del señor Inzunza la que negociaba y autorizaba que lo hicieran, a cambio, claro, de alguna cantidad de dinero.

La complacencia del gobierno de Jaime Bonilla para negociar con los dueños de los bares de la Zona Norte quedó de manifiesto la noche del 10 de febrero, ese día una joven de 19 años fue asesinada en un lugar que debería estar cerrado pues la Secretaría de Salud mantenía a Tijuana en el semáforo epidemiológico color rojo.

La actual administración estatal se ha distinguido por dos cosas, por ser un gobierno que solo durará 24 meses en funciones y por la excesiva centralización de las decisiones, por eso resulta hasta infantil que pretenden vendernos la versión de que hay funcionarios que hicieron algo sin la autorización del mandatario.

Además, la probidad del funcionario señalado fue puesta en tela de duda por los propios trabajadores de la Coepris, antes de que rindiera protesta, sin embargo, los señalamientos fueron ignorados, aquellas denuncias son las mismas conductas que ahora, dice el gobernador, son las que provocaron la salida del señor Inzunza.

De la misma forma en la que actuó cuando fueron descubiertos los moches que pedían funcionarios desde antes de empezar su administración, Jaime Bonilla pretende desviar la atención y señalar de corrupto al funcionario que solapó, pero resulta imposible suponer que actuó sin que él gobernador se diera cuenta, o tal vez, también se benefició.