Denuncian presunto cártel inmobiliario que despojo de tierras a familia
La operación de un presunto cártel inmobiliario en Baja California fue denunciada por el abogado Vicente Piña, quien expuso el despojo de 3.5 hectáreas pertenecientes al patrimonio de la familia Otañez. El litigante señaló como presunta autora intelectual de estos hechos a la activista Erika Miroslava Limón Enciso.
De acuerdo con la denuncia, el despojo se habría fraguado a través de un juicio laboral iniciado en 2009 ante la Junta Local número 4 de la Ciudad de México. El abogado acusó que, mediante una red de influencias, se modificaron de forma irregular los nombres de las partes originales en el expediente para adecuar el proceso a sus intereses.
A partir de dicho expediente, se emitió un acta de embargo sobre 47 hectáreas del patrimonio familiar. Piña señaló que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) en Baja California inscribió el documento sin verificar su autenticidad ni notificar a los propietarios afectados, omitiendo el procedimiento legal obligatorio.
El denunciante también señaló directamente a funcionarios de la institución, incluyendo a la registradora Nisma Nivel Romero Pelayo, quien habría intervenido en la inscripción del embargo en 2023, y al analista Omar Rodarte Trujillo. Añadió que la funcionaria ya cuenta con antecedentes por señalamientos similares.
Asimismo, atribuyó responsabilidad al director del Registro Público, Carlos Murguía Mejía, argumentando que su gestión debe garantizar la legalidad de los actos inscritos. El abogado sostuvo que esta operación fue posible gracias al tráfico de influencias y a graves omisiones administrativas.
Finalmente, detalló que el despojo se ejecutó de forma progresiva mediante la ocupación de predios respaldada por documentación presuntamente apócrifa. El caso ya se encuentra ante la justicia federal mediante un recurso de amparo, con el cual buscan obtener un informe de autoridad que evidencie las irregularidades cometidas en el proceso.
