Empresas señaladas por OFAC serán revisadas en contratos
Empresas señaladas por OFAC serán rastreadas en los archivos de la Oficialía Mayor de Baja California para determinar si obtuvieron contratos públicos en la entidad. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ordenó turnar los expedientes encontrados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para deslindar responsabilidades, argumentando que las contrataciones pasadas se apegaron al padrón de proveedores y al marco legal vigente al momento de su firma.
Sobre las adjudicaciones previas, la mandataria estatal sostuvo la postura legal del Ejecutivo: “El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control. Lo que no se puede hacer es trasladar automáticamente una circunstancia conocida en 2026 a decisiones administrativas tomadas años antes”.
El análisis administrativo busca descartar afectaciones operativas o patrimoniales en el erario. Como medida cautelar, la administración estatal fijó un veto administrativo: cualquier persona física o moral vinculada con investigaciones por presuntos delitos, sea por autoridades mexicanas o agencias extranjeras, quedará bloqueada del padrón estatal hasta que resuelva su situación jurídica.
En el sector de seguridad pública, el Ejecutivo puntualizó que las adquisiciones involucraron únicamente equipamiento, suministros e infraestructura operativa. La administración y control de las bases de datos oficiales se mantienen exclusivamente bajo resguardo del personal de las corporaciones locales, descartando accesos externos a información ciudadana.
Respecto a compras de otras instancias, el Estado acotó que dependencias como la Fiscalía General del Estado (FGE) operan bajo autonomía administrativa y presupuestal para sus propias adquisiciones y archivos.
Frente a posibles anomalías detectadas en las auditorías, la postura oficial concluyó: “Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”.
