Entrega ilegal de cannabis en SD: imponen nuevas licencias y multas
El Cabildo de San Diego aprobó por unanimidad un endurecimiento en las reglas de operación comercial que va directo contra los repartidores clandestinos de marihuana.
A partir de esta reforma, las autoridades locales exigirán permisos especiales de distribución y castigarán la entrega ilegal de cannabis en San Diego con sanciones económicas extremas, respondiendo a las demandas de los comercios establecidos que cumplen con el pago de impuestos.
La proliferación de distribuidores independientes que operan mediante plataformas digitales sin registro provocó pérdidas críticas para el sector formal.
De acuerdo con datos del sector, cerca del 40 por ciento de las ventas en la región ocurren en el mercado informal, donde los repartidores actúan bajo un esquema similar al de comida a domicilio, pero evadiendo las revisiones sanitarias y las tasas imunitarias locales.
Pérdidas millonarias aceleran combate a la entrega ilegal de cannabis en San Diego
Los dispensarios autorizados mantuvieron una cadena de quejas durante meses ante la complacencia inicial con las flotillas clandestinas.
Con el nuevo marco legal, el Ayuntamiento sancionará a las empresas que coordinen viajes sin la certificación municipal, aplicando multas diarias de hasta 20 mil dólares y penalizaciones globales que alcanzan los 500 mil dólares para los reincidentes.
Adicionalmente, el cuerpo de regidores incluyó una cláusula civil que faculta a los empresarios formales a demandar directamente a los operadores informales por daños y perjuicios comerciales.
Inspecciones metropolitanas contra la entrega ilegal de cannabis en San Diego
El Departamento de Control de Cannabis de California, en coordinación con la policía local, desplegará operativos fronterizos para detectar las unidades de reparto que no porten el código universal visible.
Las nuevas directrices señalan que los choferes detenidos en flagrancia no solo perderán la mercancía, sino que enfrentarán cargos por delitos menores y el decomiso definitivo de sus unidades vehiculares.
Las llamadas anónimas de los ciudadanos servirán como el principal motor de origen para que los inspectores ubiquen las zonas de distribución residencial.
