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Exigen justicia por jóvenes atropellados en Tijuana

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Familiares de los jóvenes atropellados en la colonia Ampliación Guaycura, el pasado viernes 21 de agosto, realizaron una manifestación al exterior de los Tribunales y Juzgados Penales en la colonia Los Charros.

Los manifestantes exigieron a las autoridades ministeriales y judiciales profundizar en las investigaciones para deslindar responsabilidades penales.

Portando pancartas con consignas frente a las instalaciones judiciales, los manifestantes denunciaron las secuelas físicas y afectaciones emocionales que sufrieron las víctimas, señalando inconsistencias en las medidas cautelares aplicadas tras el percance vial.

Valeria González, hermana de uno de los afectados, recriminó que a la presunta responsable se le permitiera enfrentar el proceso en libertad tras cubrir una garantía económica fijada en 25 mil pesos.

La inconforme sostuvo que dicho monto resulta insuficiente frente al impacto médico y patrimonial que actualmente absorben ambas familias para la atención y recuperación de los afectados.

Durante la protesta, una de las abuelas de las víctimas relató que los jóvenes fueron embestidos mientras se dirigían a un comercio cercano de su colonia:

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“Pedimos justicia para quienes únicamente salieron a comprar pan en la esquina y esta mujer les lastimó física y emocionalmente”.

A la concentración acudieron también conocidos y ciudadanos como Alejandra López y su esposo, quienes se sumaron para demandar que la Fiscalía General del Estado integre pruebas periciales de tránsito terrestre sobre la velocidad a la que transitaba la unidad particular involucrada en el siniestro.

Aunque los afectados lograron sobrevivir al impacto, los familiares insistieron en que las secuelas médicas requieren cobertura integral y que el exceso de velocidad del automóvil debe ser agravante en la carpeta de investigación.

Las familias reiteraron que mantendrán la exigencia jurídica para que el proceso se lleve apegado a derecho y los costos médicos no queden como una carga económica exclusiva para las víctimas.