Exigen transparencia en acciones contra desaparición forzada en BC
Por: Redacción E32
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A 22 DE FEBRERO DE 2026.- La diputada Alejandra María Ang Hernández presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una propuesta de acuerdo económico con el objetivo de solicitar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) un informe actualizado sobre el cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora explicó que dicho informe permitirá conocer el avance en la implementación de las 20 medidas dirigidas a distintas autoridades estatales, enfocadas en la prevención, investigación y erradicación de la desaparición forzada de personas en la entidad.
Subrayó que la desaparición forzada constituye un delito y un crimen de lesa humanidad que afecta gravemente los derechos fundamentales. Citó cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual reporta más de 132 mil personas desaparecidas en México entre 1964 y enero de 2026, con un porcentaje significativo de mujeres jóvenes.
También destacó los esfuerzos normativos realizados en el país tras la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, incluyendo la promulgación de la Ley General en 2017 y la armonización legislativa en los estados.
En el caso de Baja California, recordó que en abril de 2024 el Congreso local aprobó la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas, además de asignar presupuestos para fortalecer instituciones. Señaló la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, la inversión en nuevas instalaciones, el fortalecimiento del Centro Estatal de Ciencias Forenses y la ampliación de capacidades de la Comisión Local de Búsqueda y del Servicio Médico Forense.
No obstante, advirtió que el contexto sigue siendo complejo, con reportes de hasta ocho desapariciones diarias en 2024 y un aumento de casos en Tijuana, lo que obliga a reforzar la coordinación y la evaluación constante de las políticas públicas.
Finalmente, se exhorta al titular de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, a remitir a la Presidencia de la Mesa Directiva un informe escrito, en un plazo máximo de 30 días hábiles, sobre el grado de cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar atención integral a las víctimas y sus familias.
