Frenan recursos legales por multas de alcoholimetría en Tijuana
Los casos de alcoholimetría en Tijuana acumulan 998 juicios de nulidad promovidos ante tribunales en lo que va de 2026, una cifra que representa un incremento del 52% frente a los 653 casos registrados durante todo 2025.
Por lo anterior, el Cabildo de Tijuana aprobó reformas para blindar legalmente las sanciones contra conductores ebrios.
Las proyecciones del área jurídica anticipan que, de sostenerse el ritmo actual de amparos y recursos, el ejercicio anual cerrará con cerca de mil 440 impugnaciones, lo que equivaldría a un alza superior al 120% en comparación con el año anterior.
De acuerdo con los expedientes revisados, gran parte de los fallos que otorgaba el Tribunal de Justicia Administrativa favorecían a automovilistas reincidentes y a propietarios de unidades de modelo reciente que lograban evadir el corralón y el cobro de multas mediante vacíos de procedimiento.
La medida aprobada por los ediles busca subsanar deficiencias técnicas y administrativas en las actas que levantan los agentes y jueces municipales durante las revisiones nocturnas, evitando que los infractores anulen los procedimientos por vicios de forma.
Al fijar postura sobre el dictamen avalado en la sesión de Cabildo, la síndica procuradora Teresita Balderas Beltrán defendió la modificación al marco operativo:
“Por lo anterior, el sentido de mi voto no pretende limitar el derecho de defensa de la ciudadanía ni interferir en la autonomía de los órganos jurisdiccionales, sino fortalecer jurídica y técnicamente los operativos de alcoholimetría previstos y regulados por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de proteger vidas y garantizar el derecho de todas las personas a una movilidad libre y segura”.
El reporte oficial señala que las resoluciones judiciales previas permitían la devolución de unidades motrices sin cubrir los conceptos de arrastre y custodia, situación que beneficiaba principalmente a conductores con antecedentes de faltas similares.
Con el ajuste a los protocolos de actuación policial y médica, el Ayuntamiento busca homologar sus criterios con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, limitando las controversias en tribunales locales y cerrando la puerta a litigios sistemáticos que dejaban sin efecto las retenciones viales.
