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Funcionario de Tijuana enfrenta dos investigaciones por permisos a un edificio

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

El funcionario municipal Erik Enrique Lazcano Portillo enfrenta dos investigaciones administrativas formales por incurrir presuntamente en abuso de funciones, una falta calificada de gravedad por la Sindicatura Procuradora del 25 Ayuntamiento de Tijuana que encabeza Teresita Balderas Beltrán. Ambos expedientes derivan de quejas directas de ciudadanos sobre trámites irregulares ejecutados para el desarrollo residencial Up Town, ubicado en la zona de El Mirador de La Mesa.

La primera indagatoria analiza presuntas omisiones y la expedición de un oficio con sobreposición catastral, además de anomalías en permisos para amenidades como la alberca de dicho fraccionamiento. La autoridad fiscalizadora busca corroborar si el funcionario municipal excedió legalmente sus atribuciones oficiales en beneficio del desarrollador o desatendió las fallas técnicas denunciadas por los colonos afectados.

El segundo caso se concentra en una prórroga de licencia de construcción firmada el 8 de junio de 2026. Al momento de autorizarse, ya existían reportes de daños estructurales en predios vecinos y una orden judicial expresa del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal. La resolución permitía únicamente labores urgentes para estabilizar la ladera y levantar un muro de contención, pero la anuencia se emitió de forma abierta, pasando por alto indicaciones judiciales y de Protección Civil.

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La falta atribuida está tipificada en el artículo 57 de la ley en la materia por abuso de funciones. Por ello, la dependencia solicitó como medida cautelar la suspensión temporal del señalado mientras concluyen los peritajes y la integración del expediente.

Al catalogarse como conducta grave, el expediente no concluirá en el gobierno local. Si los elementos probatorios confirman el quebranto administrativo, el caso se remitirá al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), instancia encargada de dictar sentencia definitiva, determinar responsabilidades y fijar posibles inhabilitaciones.

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