Glosa del Quinto Informe de Gobierno arranca en el Congreso de BC
La Glosa del Quinto Informe de Gobierno comenzó en el Congreso del Estado de Baja California con la comparecencia de la titular de la Consejería Jurídica, Claudia Yurizeth Torres Molina.
La funcionaria abrió el calendario legislativo de rendición de cuentas correspondiente a la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Ante los integrantes de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, encabezada por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, la funcionaria presentó balances relativos a políticas públicas, servicios de defensoría pública y acceso a la justicia.
Durante su exposición, Torres Molina señaló que, desde el inicio de esta administración, se ha reiterado que el combate a la corrupción no es solamente una obligación legal, sino un compromiso de este gobierno con la ciudadanía y con la defensa del patrimonio que pertenece a todas y a todos los bajacalifornianos.
En la ronda de preguntas, los diputados centraron sus intervenciones en la viabilidad del retiro anticipado para corporaciones policiales, sentencias por extorsión, la operación de la ventanilla violeta, armonización de leyes para pueblos indígenas y afromexicanos, decretos sobre agua, reformas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y el reglamento de la Ley de Autismo.
La diputada Montse Murillo cuestionó si la dependencia prevé instalar una oficina permanente de la Defensoría Pública con personal penal, familiar y laboral en la cabecera y delegaciones de San Quintín.
Al respecto, Torres Molina contestó que tienen interés en que San Quintín crezca la defensoría pública, y que cuentan con personal físico en las oficinas del Cejum, no obstante, por la gran superficie del municipio y la lejanía de los poblados alejados, es complejo que acudan. Añadió que se busca incorporar personal hablante de lenguas indígenas para atender a los usuarios de la región.
A pregunta de la legisladora Alejandra Ang sobre las medidas preventivas implementadas por la Dirección de Combate Legal a la Corrupción en dependencias y paraestatales, la compareciente precisó las limitaciones operativas de su área.
Aclaró que la citada dirección a su cargo tiene dentro de sus facultades, presentar denuncias por el gobierno del Estado que afecten a los intereses del propio gobierno por actos de corrupción, así como de llevar las demandas que le soliciten las dependencias y entidades, pero no tiene facultades para fiscalizar o para realizar charlas previas, ya que dicha tarea corresponde a la Secretaría de Honestidad.
Sobre la homologación de sueldos para defensores públicos planteada por el diputado Juan Manuel Molina García, la titular de la Consejería respondió que coincide y que siguen impulsando en esta administración, las mesas de trabajo para que se consolide este aumento a sus salarios, buscando las viabilidades financieras para que los defensores obtengan este derecho constitucional.
A la sesión acudieron los legisladores Yohana Gilvaja, Mayola Gaona, Gabriela Ponce, Daniel Razo, Juan Manuel Molina, Alejandra Ang, Alejandrina Corral, Julia Andrea González, Evelyn Sánchez, Daylín García y Teresita Ruiz, así como los directivos del área jurídica estatal José Fernando Velardez Núñez, Brenda Delgado, Estela Reyes y Daniel Núñez.
Transferencia de recursos para el IEEBC, TEJA y CEDH avanza en el Congreso
La transferencia de recursos para el IEEBC, TEJA y CEDH fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, luego de avalar una serie de ajustes a los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal 2026 solicitados por estos tres organismos para la compra de autos, mobiliario, equipo técnico y gastos operativos.
Bajo la votación de las diputaciones integrantes, se avaló por unanimidad con ocho votos a favor el Dictamen 149, correspondiente a una petición del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC).
Dicho movimiento financiero tiene como propósito dotar de suficiencia presupuestal a una partida para la compra de ocho automóviles utilitarios nuevos, tipo sedán; este gasto se solventará mediante recortes en diversas partidas asignadas originalmente al gasto corriente del organismo electoral.
Dentro de la misma ronda de trabajo, los legisladores avalaron con siete votos a favor el Dictamen 150, que permite otra redistribución interna en el IEEBC destinada a solventar la adquisición de mobiliario y equipo institucional.
Enseguida se desahogó el Dictamen 151, que autoriza una solicitud promovida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Con esta reasignación, el tribunal busca disponer de presupuesto para cubrir rubros que catalogó como prioritarios: adquisición y reparación de equipo de cómputo e impresoras, compra de mobiliario de oficina, estantería y la compra de aparatos de aire acondicionado.
Por último, la comisión dictaminó en idéntico sentido el expediente 152, enfocado en una solicitud presupuestal planteada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
El ajuste de fondos para la defensoría de derechos humanos se dirigirá al suministro de combustible para unidades vehiculares recién incorporadas, la cobertura de los festejos de aniversario del organismo y los viáticos para la asistencia a un curso de formación enfocado en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos.
En los trabajos legislativos participaron las diputaciones Julia González, Eligio Valencia, Alejandra Ang, Jaime Cantón, Alejandrina Corral, Juan Manuel Molina, Adriana Padilla y Michel Sánchez, en conjunto con el titular de la Auditoría Superior del Estado, Arnulfo Zárate.
Para justificar las peticiones técnicas acudieron por el IEEBC el consejero presidente Luis Alberto Hernández Morales y el secretario ejecutivo Gabino Castañeda; por el TEJA, la jefa administrativa Beatriz Luna y el responsable jurídico José Mario Charles; mientras que por la CEDH estuvo presente su presidente, Jorge Ochoa.
A la mesa asistieron además delegados de la Secretaría General de Gobierno, de la Consejería Jurídica y personal administrativo del Poder Judicial de la entidad.




