Inversión conjunta acumulada alcanzará los 200 mil mdp en BC
La inversión conjunta acumulada entre la Federación y el Estado alcanzará los 200 mil millones de pesos al cierre de 2026 en Baja California, recursos que concentran obras públicas y programas enfocados en infraestructura, servicios básicos y rezagos urbanos.
Lo anterior durante la gestión de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda en coordinación con el Gobierno de México.
El monto contempla proyectos canalizados hacia los sectores de seguridad hídrica, movilidad, energía eléctrica, salud, vivienda y educación en los distintos municipios de la entidad.
Dentro de la cartera de obras hídricas figura la Planta Desaladora de Playas de Rosarito, cuyos trabajos iniciaron en septiembre de 2026 y prevén un gasto público proyectado superior a los 15 mil 600 millones de pesos para abastecer la zona costa.
En materia de transporte, en marzo de 2026 abrió a la circulación vehicular el Viaducto Elevado de Tijuana. La vía requirió 14 mil millones de pesos de presupuesto federal para edificar un tramo de 11.4 kilómetros que enlaza el Aeropuerto Internacional con la Garita de San Ysidro y Playas de Tijuana, trayecto que recortó el tiempo de traslado de una hora a 15 minutos.
En el rubro energético, en junio entró en operación la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali, con una capacidad de 653 megawatts.
Para esa misma zona se etiquetó un subsidio de mil 485 millones de pesos aplicado a las tarifas de electricidad doméstica de Mexicali y San Felipe en verano, con un alcance de un millón 370 mil usuarios.
Para la atención hospitalaria se edificó el Hospital General Tijuana Zona Este con capacidad de 60 camas, mientras que en el sector educativo se incorporó la Universidad Nacional Rosario Castellanos con un plantel en Tijuana y otro proyectado en la capital del estado.
El programa Vivienda para el Bienestar contempla más de 80 mil acciones de edificación en la entidad. Asimismo, para el municipio de San Quintín se estableció el Plan de Justicia, que abarca electrificación, abasto de agua, vivienda, derechos laborales para trabajadores del campo y un complejo hospitalario proyectado con 80 camas.
