Ley del Periódico Oficial del Estado cambia a lenguaje incluyente

La Ley del Periódico Oficial del Estado fue modificada por los diputados locales para sustituir los términos genéricos en masculino por fórmulas neutras.
Lo anterior luego de que el pleno del Congreso de Baja California avaló por unanimidad de 20 votos el dictamen 108 formulado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
La propuesta, planteada desde el pasado mes de abril por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, ajustó la terminología administrativa del órgano de difusión oficial a los criterios de igualdad sustantiva previstos en los artículos 1° y 4° de la Constitución federal.
Los cambios se concentran en la redacción de los artículos 4 y 4 BIS del estatuto. A través de este ajuste técnico, se reemplazan cargos descritos en masculino para adoptar denominaciones como “Persona titular del Poder Ejecutivo del Estado” o “Presidenta o Presidente del Congreso del Estado”, esquema que alude tanto a la figura de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda como a quien presida la Mesa Directiva de la Cámara.
El dictamen aclara que las adecuaciones de forma no alteran las competencias constitucionales, las facultades de publicación, los plazos legales ni las obligaciones asignadas a ninguno de los poderes públicos en la entidad.
En la exposición de motivos del dictamen, los legisladores argumentaron que la modernización en la Ley del Periódico Oficial del Estado atiende tratados internacionales suscritos por México, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Belém do Pará, instrumentos que obligan a erradicar estereotipos sexistas en los ordenamientos institucionales.
La asamblea legislativa sostuvo que la reforma se apega al principio constitucional de “paridad en todo”, vigente a nivel federal desde junio de 2019, así como a las pautas de técnica legislativa contemporánea que recomiendan eliminar el lenguaje sexista de los códigos normativos.
Con la aprobación del documento en el pleno, el decreto será remitido al Ejecutivo para su debida promulgación y entrada en vigor en el medio informativo oficial de la entidad.


