Montachoques en BC: buscan tipificar delito
Montachoques en Baja California serán castigados con penas más severas bajo la figura de extorsión agravada, según plantea una reforma al Código Penal del estado orientada a frenar a quienes provocan percances viales de forma deliberada para cobrar dinero a conductores.
La propuesta legislativa plantea adicionar una fracción VIII al artículo 224 Bis del Código Penal estatal, a fin de reconocer esta conducta como una modalidad agravada del delito de extorsión y establecer sanciones específicas para quienes simulen accidentes viales con el propósito de obtener beneficios económicos indebidos.
La iniciativa, impulsada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, surge tras reiterados reportes ciudadanos sobre grupos organizados que recurren a la intimidación y la violencia en avenidas de alto flujo. El objetivo central es evitar que estas maniobras sigan resolviéndose como incidentes de tránsito comunes o litigios civiles cuando implican dolo y amenazas.
En cuanto a las sanciones, la reforma propone aplicar el agravamiento previsto para el delito de extorsión, que contempla un incremento de hasta una mitad de la pena correspondiente y hasta 500 días de multa. Además, establece que las penas podrán aumentar hasta el doble cuando las víctimas sean personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres o integrantes de grupos vulnerables.
El sustento del documento refiere que el pasado 16 de septiembre autoridades de seguridad municipal de Tijuana informaron sobre la desarticulación de dos células presuntamente dedicadas a esta actividad delictiva, con un total de diez personas detenidas. Estos grupos operaban principalmente sobre la Vía Rápida y el bulevar Insurgentes, donde utilizaban varios vehículos para provocar colisiones y exigir pagos bajo intimidación.
Asimismo, la iniciativa hace referencia a un incidente ocurrido el 22 de septiembre en Playas de Tijuana, donde un automovilista resultó lesionado con un arma blanca tras un altercado vial relacionado con presuntos implicados en estos hechos.
El proyecto busca cerrar vacíos legales para que el Ministerio Público cuente con facultades directas de procesamiento penal frente a los extorsionadores viales, garantizando protección al patrimonio y la integridad de quienes transitan por la entidad.
